El vigésimo primer congreso de Naturgas, gremio que agrupa a 26 empresas dedicadas a la producción, transporte, distribución y comercialización del gas natural en Colombia, dejó en evidencia que el sector atraviesa por un período de incertidumbre que, a juzgar por la notoria ausencia de representantes del Gobierno Nacional en sus sesiones (el presidente Santos canceló su asistencia a la inauguración pese a que estaba en Cartagena y el ministro de Minas y Energía no asistió a la clausura), se extenderá hasta después del relevo en la primera magistratura, tiempo durante el cual pueden quedar sin resolverse problemas tan estratégicos para el sector como las reformas a la regulación que permitan dinamizar la producción, la promoción del uso del gas natural vehicular y del gas natural comprimido para contribuir con la descontaminación del aire y al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible, y la definición del abastecimiento en el mediano plazo, cuyo debate se centra hoy en si el país debe desechar la opción de la importación y dedicarse exclusivamente a desarrollar los campos de producción propia.

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Mientras el sector privado da tímidos pasos hacia la movilidad, como es el caso de la puesta en el mercado de un nuevo modelo de taxi 100% dedicado al gas, el sector espera que el Gobierno entregue los lineamientos para que las flotas de los sistemas de transporte masivo operen obligatoriamente con este combustible, como ya lo hacen el Metroplús en Medellín y TransCaribe, en Cartagena. De hecho, esta tecnología bien podría empezar a usarse en el transporte de carga, según la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), si se dieran las decisiones políticas en ese sentido.

Nosotros en Medellín sabemos mejor que nadie la importancia y el valor que tiene el uso del gas natural vehicular, por lo que encontramos justos los reclamos del gremio para que el Gobierno encamine sus políticas en cuanto a movilidad hacia este combustible y que el crecimiento no siga siendo, únicamente, el que se da vía la reconversión de vehículos por decisión de los particulares que llegan a entender sus beneficios económicos y ambientales. La caída en un 35% en el consumo de gas en los últimos cinco años deja en evidencia que la razón por la que la gente da el salto es mayoritariamente económica, pues cuando la gasolina o el diésel se equipararon en precios al gas, por el encarecimiento del dólar y la baja en el precio del petróleo, se registró el frenazo en el consumo.

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En cuanto a la producción, es apenas lógico que los potenciales inversionistas esperen incentivos del Gobierno Nacional, más aún en un campo que, como el extractivo, no tiene nada seguro sino solo escenarios posibles. Pero la sensación entre los empresarios del gas es que las condiciones para seguir con su negocio se están deteriorando. Y entre las razones enumeradas se destacan, por ejemplo, la inexistencia de una política de masificación más allá de los subsidios, el atraso en el esquema tarifario y la nula atención del ministerio de Minas y Energía a los reclamos en este sentido por parte de las empresas; las señales de injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la Creg, la falta de diálogo de la misma Creg con el gremio del gas natural y que las actuaciones del Consejo Nacional de Operación de Gas (CON-Gas) no tengan el carácter decisorio que si tiene, por ejemplo, el del sector eléctrico.

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Aunque no se mencionó de manera abierta durante el Congreso, la aparente desatención por parte del Gobierno hacia el gremio del gas tendría como evidencia adicional que el gas que Venezuela debió haber empezado a traer a Colombia en 2016 aún no llega y no hay ninguna gestión en marcha tendiente al cumplimiento del contrato existente y que sería, en las actuales condiciones, un alivio en tanto fuente de suministro confiable.

Ese deterioro de las condiciones es lo que ha puesto sobre el tapete la discusión sobre la conveniencia o no de que se construya la regasificadora del Pacífico. Mientras la Upme avanza en el desarrollo de los pliegos para seleccionar el inversionista que la saque adelante, el gremio plantea reservas de oportunidad y costo. Sin embargo, tras la experiencia del fenómeno de El Niño de 2016 y lo ocurrido a mediados de febrero tras los atentados que el Eln perpetró en la costa Caribe y que tuvieron a la región ad portas de un racionamiento, estamos de acuerdo con el planteamiento del director de la Upme, Ricardo Ramírez, en el sentido de que es mejor tener esa infraestructura disponible, así sean exitosas las reservas potenciales, que someter al país a un racionamiento de energía y a un desabastecimiento que, de todos modos, ya es un riesgo, puesto que los cronogramas actuales permitirían contar con el gas importado en 2024 y con los nuevos hallazgos en firme en 2027.

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Resulta prioritario, entonces, que el país asegure la disponibilidad de gas independientemente de la fuente de suministro, pues los costos de un racionamiento o de un desabastecimiento no serían solamente económicos sino políticos y ambientales. Si al uso del gas vehicular y del gas comprimido, como ya lo está haciendo EPM en Antioquia, se le quiere hacer un relanzamiento aprovechando que los precios volvieron a ser competitivos este año, lo primero que se debe asegurar es que haya combustible para satisfacer la demanda. Es cierto que lo ideal es que sea producción propia, que genere regalías, impuestos y puestos de trabajo, pero el país no se puede dar el lujo de volver a jugar a la ruleta rusa con su política energética.