La ratificación del castigo de destitución e inhabilitación por siete años para ejercer funciones públicas que la Procuraduría General de la Nación le impuso al arquitecto Carlos Ruiz Arango demuestra fallas en el cumplimiento de sus responsabilidades como curador segundo de Medellín, dignidad que ejercía en 2013, y desde la que era responsable de vigilar el cumplimiento de las normas que garantizan construcciones seguras y sostenibles.

Esta sanción producida a tres años y cinco meses del desplome del edificio Space, en el que ocurrieron las fallas motivo de la sanción, ratifica dudas por la lentitud de procesos que deberían garantizar justicia para los afectados por los errores de diseño y construcción de una decena de edificios en el valle de Aburrá.

La decisión es la única posible para el responsable de la vigilancia disciplinaria. Ella constituye un hito que será difícil ignorar por las autoridades administrativas y judiciales que tienen pendiente decidir sobre las responsabilidades de agentes públicos y privados que intervinieron en la construcción realizada por CDO y cometieron fallas que pusieron en riesgo las vidas de los habitantes y fueron seriamente afectados los patrimonios de los propietarios.

Esta sanción es un bálsamo para deudos de doce personas y familias afectadas en sus patrimonios por el desplome del edificio Space. Con ella llegan problemas importantes para la gestión territorial de Medellín, ciudad en la que la responsabilidad de curar -o sea cuidar y garantizar- la actividad constructiva ha quedado a cargo de una única curadora urbana posesionada en propiedad.