La necesidad que tiene Colombia de atraer inversiones capaces de implementar en el país los mejores modelos de minería sostenible y dar impulso a este tren de prosperidad, propuesto por el doctor Santos en su primera campaña presidencial, se enfrenta a la pérdida de confianza en el país por los más destacados inversionistas extranjeros.

El último reporte del Instituto Fraser, institución canadiense, llevó al país en el puesto 65 entre 104 destinos estudiados, con impresionante caída pues en 2014 había estado en el puesto 32. Este campanazo debe ser atendido.

La pérdida de confianza es la respuesta de empresarios a sucesivas decisiones de las altas cortes judiciales que han buscado llenar vacíos normativos, convirtiéndose en co-legisladoras que llegan a desequilibrar la balanza de la sostenibilidad, en la cual es preciso garantizar respeto por los ecosistemas, desarrollo económico para los territorios, generación de riqueza para los inversionistas, formación de bien común para las poblaciones, y respeto general por las leyes.

Colombia está en mora de retomar el camino de la inversión minera. Tal opción exige al Gobierno y el Congreso desarrollar normas y definir una política pública que recupere el interés de los inversionistas extranjeros, que son los que cuentan con las capacidades financieras y el conocimiento técnico para avanzar en esas direcciones.