Sin duda un valor supremo de la democracia está representado en la invitación a las urnas, la posibilidad de elegir y ser elegido, la participación en consultas, referendos, plebiscitos y hasta revocatorias; pero es más que eso. El compromiso democrático debería superar esa instancia, que para muchos no existe aunque es una conquista, y materializarse en lo cotidiano. No se trata en ningún caso de restarle importancia al proceso electoral sino de acompañarlo de otras acciones que no permitan que el ejercicio de lo público se reduzca a ello ni su custodia sea exclusiva responsabilidad de grupos específicos de interés.

Es que hay gente para la cual la vida pareciera ser aquello que ocurre entre una elección y la siguiente, que encuentra en la adrenalina de las campañas un combustible para su emoción; pero sobre todo que a partir de lo que ocurre en las urnas define sus ingresos, sus relaciones y sus protagonismos en los diversos niveles del estado, sin más escrutinio que el de algunos contradictores ocasionales o permanentes, una que otra veeduría ciudadana, las ONG y, muy de vez en cuando, alguna universidad o algún medio de comunicación aplicado. Una semiprivatización de lo público frente a la mirada indiferente de las mayorías que suponen el sustento de la democracia.

Una ruta por la cual hoy están en jaque la actividad minera y la industria de hidrocarburos en el país, comprometiendo el futuro económico. La avalancha de consultas populares para prohibir esas actividades en los municipios apela al derecho constitucional de participación ciudadana, pero desconoce asuntos como la competencia nacional sobre la propiedad del subsuelo o el principio democrático de equilibrio e igualdad de condiciones para las partes. Varios analistas coinciden en que ese triunfo obedece al trabajo de grupos ambientales y sociales que se esfuerzan en mostrar los riesgos asociados a la actividad sin que haya una contraparte que defienda o argumente posibles beneficios.

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Tarea que, más que a las empresas, debería corresponder al gobierno que propuso a la minería como una de las locomotoras que jalonaría el desarrollo. Adicionalmente debería mostrar las consecuencias de ese tipo de restricciones y hacer compromisos serios de control para aminorar el impacto real de la actividad extractiva. Definir la minería como un asunto de Estado y no dejarla al vaivén de lo que pase en cada municipio. No hay información para quienes son convocados a las urnas sobre cómo se reemplazarán los recursos que se dejan de percibir, o cómo se costeará la importación de combustible cuando se acaben las reservas, o cuáles son las alternativas de extracción menos dañinas. De hecho, el Gobierno tendría que comprometerse a controlar toda actividad minera de manera que se garanticen las mejores prácticas y las menores repercusiones negativas. Y de los ciudadanos, debería haber compromiso con el voto consciente y consecuente.

Hay más equilibrio en las consultas de revocatoria de alcaldes, que también pululan. Muchas de ellas movidas por intereses oscuros u oportunistas y que obligan al mandatario a defenderse y hacer mayores esfuerzos en mostrar resultados, aunque algunos también recurren a la contratación y al clientelismo para garantizar su permanencia en el puesto. Procesos democráticos que resultan doblemente costosos, pues además de los millonarios recursos que requieren para implementarse, motivan que el tiempo y el presupuesto oficial se concentren en asuntos que no tienen que ver propiamente con el bienestar de la comunidad. Un mecanismo que vale la pena mantener, pero que requiere de una minuciosa regulación para que no se abuse de él a costa del erario y el futuro de las comunidades.

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Más allá de las urnas, es responsabilidad de los ciudadanos asumir la democracia como una obligación de estar informado, de votar a conciencia, leer los programas de gobierno, exigir su cumplimiento y acompañar las decisiones. Elegir mejor para necesitar menos el proceso de revocatoria; no abandonar la esfera de lo público hasta la siguiente elección, porque en el entretanto hay quienes no descansan para buscar provechos particulares. Cuidar la democracia sin abusar de sus mecanismos de control debería ser imperativo para una sociedad que, como la nuestra, tiene tantas carencias y tantas necesidades que no siempre están al comienzo de la lista de prioridades de los líderes que la administran.