Venezuela es un Estado fallido en lo económico, social y político, donde está a punto de estallar una grave explosión social de magnitud y repercusiones impredecibles, cuyos principales afectados son el pueblo venezolano y Colombia.
Entre 2004 y 2009, en plena bonaza petrolera, las exportaciones de Colombia a Venezuela tuvieron su mayor auge, es así como en el año 2008 totalizaron 4.800 millones de dólares. En 2016 las mismas exportaciones fueron sólo por 612 millones de dólares, lo que significa un decrecimiento del 42% con relación al año inmediatamente anterior (2015). Esto afectó no sólo la balanza comercial, sino el comercio y empleo fronterizos de nuestro país.
Con el cierre de la frontera colombo venezolana en agosto de 2015, decisión unilateral del Presidente Maduro, en los primeros ocho meses se habían deportado más de 2.000 colombianos y otros 20.000 habían regresado a su patria por miedo a represalias. Como si esto fuera poco, desde 2014 han ingresado a nuestro país cerca de 1’050.000 venezolanos, la inmigración más grande que hemos recibido en la historia. A partir de ahora, con el reciente autogolpe de Estado que se dio en Venezuela por el cierre de la Asamblea Nacional, el éxodo de venezolanos se va a incrementar, generando lo que bien ya podemos llamar la crisis de los inmigrantes que será otro factor de perturbación social y económica para nuestra nación.
Veamos ahora algunos de los elementos que configuran el colapso del hermano país, originado a partir del triunfo del coronel Hugo Chávez en 1999, para lo cual me centraré en el análisis del asalto rapaz a la renta petrolera, que sólo en exportaciones de la empresa petrolera oficial Pdvsa en estos 17 años del chavismo totalizaron 884.049 millones de dólares, a lo que se suma la entrega gratuita de los recursos petroleros, pero con incuantificables coimas para la camarilla gobernante, de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, así como de los yacimientos mineros del oriente venezolano a multinacionales canadienses, rusas y chinas, tal como lo documenta el investigador venezolano Pablo Hernández en su reciente estudio titulado El arco minero del Orinoco (https://independent.academia.edu/SOFIAESTEVES)
Lo sucedido en Venezuela con la entrega de sus recursos naturales no renovables a extranjeros es el principio de la renuncia a la soberanía nacional, lo cual, nos lleva a recordar la concesión de aproximadamente 347 títulos mineros en zonas de páramos y otras áreas restringidas por la Ley colombiana, que según Greenpeace en su mayoría fueron cedidos en 2009 por el gobierno de la Confianza Inversionista a compañías mineras canadiense y surafricanas. Entre estos, los más conflictivos por sus implicaciones económicas, sociales, ambientales y jurídicas son los casos de la canadiense Eco Gold Minerals (antes Greystar) con el proyecto minero La Angostura en el Páramo de Santurbán en el Departamento de Santander* y el de la surafricana Anglo Gold Ashanti con su proyecto La Colosa, en el municipio tolimense de Cajamarca. 
Volvamos a la otrora rica y próspera Venezuela, sumida hoy en la profunda crisis humanitaria que sufre su pueblo que ya ha llegado al genocidio, tal como lo denuncia al mundo el periodista venezolano Roberto Carlo Olivares (Twitter: @robertocarlo14) por causa de la apropiación criminal por la camarilla gobernante para su único beneficio de la renta petrolera, amén de la entrega de la soberanía de los recursos minerales (oro, cobre, hierro, aluminio, coltán..) del promisorio Orinoco y de la Guayana venezolana, todo esto con el soporte militar de Caminpeg, la compañía militar venezolana creada por Maduro el año pasado, que junto con varias multinacionales supuestamente mineras han recibido de manera gratuita las riquezas del subsuelo en una extensión de cerca de 110.000 kilómetros cuadrados.
El autogolpe de la pasada semana y la presencia de Caminpeg cuidando los intereses de las multinacionales y la seguridad personal para los actuales gobernantes y sus cómplices después de su caída, así como la incapacidad y mediocridad de la oposición indican que la cuadrilla de los boli-burgueses y su estela de corrupción generalizada van para largo. Sin pecar de Casandra de desastres, los intereses internacionales que se juegan hoy en Venezuela anticipan, guardadas proporciones, una tragedia similar a la que está sufriendo hace décadas el Medio Oriente. En esta tragedia Colombia, con una frontera tan permeable y con tantos intereses económicos y afinidades socio culturales, es el vecino mayormente damnificado. Las últimas intervenciones del presidente Santos nos hacen creer que el Gobierno Nacional empieza a tomar consciencia de esta amenaza, que esperamos se materialice en acciones preventivas propias y conjuntas en unión de naciones amigas y de organismos multilaterales.