Las gravísimas consecuencias en vidas humanas del enfrentamiento de cocaleros contra la Policía en Tumaco y la confusión posterior sobre lo que allí sucedió es la más grave de la sucesión de choques, no todos registrados en bases de datos públicas, de grupos de cocaleros contra miembros de la Fuerza Pública responsables de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, medida que se aplica cuando fallan las negociaciones de sustitución voluntaria. La recurrencia de esas movilizaciones y las sucesivas agresiones, en las que se han producido asesinatos, secuestros -hábilmente disfrazados como retenciones-, heridas y bloqueos, es comparable a las movilizaciones de los cocaleros en los años 90, que fueron gasolina que acrecentó y agravó el conflicto armado.

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Corresponde a la Fiscalía explicar con prontitud este feroz ataque, que voceros interesados pretenden achacarle a la Fuerza Pública, en versión descartada por los más autorizados analistas. En ese mismo orden, no puede la Justicia permanecer impávida frente a las agresiones de cocaleros (ver infográfico de contraportada) contra los responsables de la erradicación de cultivos ilícitos por la convicción o mediante la acción directa de servidores públicos. También habrá de aclarar cómo es el actual entramado de grupos criminales en el amplio municipio de Tumaco, territorio que las Farc coparon hasta diciembre y que hoy se encuentra bajo el dominio de distintas mafias.

Las crisis de Tumaco, sur del Cauca, el Catatumbo, Arauca y el Bajo Cauca antioqueño, zonas sometidas al dominio de los narcotraficantes y su imposición a sembrar coca, ponen a la luz los enormes riesgos, y la fuerte debilidad, de un posconflicto manchado por las disidencias y desertores de las Farc, que algunos expertos calculan en 800 hombres, y el incompleto desmantelamiento de sus caletas; así como el crecimiento del Eln y las bandas criminales que han penetrado territorios de las Farc y asumido sus actividades criminales, especialmente el manejo de sus rentas, mientras el Estado ha sido tímido, y lento para hacer presencia integral en las zonas dejadas por los farianos. Estos hechos deberían estar sacudiendo a autoridades que han sido advertidas de los peligros de la mezcla de narcotráfico y minería ilegal, con bandas criminales crecidas por desmovilizaciones ineficientes.

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Las bacrim, los elenos, los desertores y disidentes, han encontrado terreno abonado para sus incursiones en las rentas ilícitas en el injustificado apresuramiento del gobierno del doctor Santos para imponer sus tesis sobre la necesaria transformación de la política frente a las sustancias sicoactivas, para liberalizar su comercio intensificando las acciones educativas sobre el consumo. La transformación del modelo de control a los cultivos y el narcotráfico sólo en Colombia ha alimentado el crecimiento de los sembradíos y laboratorios que atienden el mercado internacional, donde la droga vuelve a tener altos precios, así como también sirven al mercado interno, creciente gracias a la notoria ausencia de actividades educativas y preventivas sobre los riesgos de la droga. En este caso, el silencio del Estado es contrarrestado por la atronadora, por ruidosa, dañina y criminal, presencia del microtráfico y las bandas.

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El complejo entramado se alimenta con la postura de las Farc, que han proclamado, y habría que creerles, que abandonaron las armas y las actividades ilícitas que las financiaron en los últimos años, sin que tal posición indique su renuncia a ejercer control territorial, asociado a sus propósitos de participación política. Esa presencia en busca de adherentes políticos ocurre, por supuesto, en las zonas donde ejercieron control como organización armada, en tanto allí todavía pueden ejercer coacción, así sea simbólica, sobre los habitantes. No es secreta, por ejemplo, la cercanía de las Farc con el movimiento de cocaleros de Tumaco, primer y más agresivo grupo en la denuncia contra miembros de la Fuerza Pública por los hechos del pasado jueves, que causaron la muerte a seis personas y heridas a más de cincuenta.

Tumaco le enrostra al gobierno del presidente Santos sus fuertes, y costosos, errores en una negociación en la que renunció a exigir a las Farc que cesaran todo vínculo con el narcotráfico y se comprometieran a desmantelar sus redes en Colombia, como también  los yerros en la ocupación integral del territorio y los vacíos de una política antinarcóticos que la mafia ha aprovechado para acrecentar sus negocios, control territorial y amedrentamiento a los campesinos.