En ocho días Colombia estará decidiendo, por voto ciudadano, si se aprueba la consulta anticorrupción o si esta es negada o por el voto contrario o por la abstención del pueblo. Todos esperamos que ese mensaje liberador de la más grande calamidad del Estado Social, como es la corrupción, salga avante para bien de la patria.

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El umbral es alto y por lo tanto la participación ciudadana debe ser masiva. Dispone la ley 134 de 1994 que las consultas populares para ser exitosas requieren de la participación de una tercera parte del total del censo electoral. Eso indica que la votación el próximo domingo debe alcanzar un poco más de los doce millones de votos y que de esa votación depositada, al menos, la mayoría lo haga a favor de las preguntas planteadas. Algunos enemigos de la propuesta, seguramente de muy buena voluntad, argumentan que no es la consulta el mecanismo idóneo para reformar la Constitución y las leyes y no les ha de faltar razón. Lo que no deben olvidar los críticos son dos cosas: 1- La carga educativa y el mensaje contundente que el pueblo le está enviando al Congreso y al Gobierno, especialmente al primero. 2- El artículo 55 de la ley citada es un mensaje claro, perentorio e inaplazable para que se acometan las reformas requeridas como el pueblo las está exigiendo.

Otros han argumentado su oposición en los costos de la consulta. Ese dinero es irrisorio frente a los cincuenta billones de pesos que dicen los organismos de control que se pierden anualmente en la corrupción colombiana. Esa es una cantidad increíble, que no cabe en cualquier calculadora. Ese dinero no lo recupera Colombia ni con diez reformas tributarias. No se compadecen las astronómicas cantidades de dineros robados con la comparativamente pequeña suma que vale el evento democrático.

También se ha dicho que esa es una iniciativa de Claudia López y del Partido Verde como argumento para combatirlo. Ese sí es un argumento mezquino y de poca fuerza para seres pensantes. Si la idea es buena no importa de dónde proviene.

Queda un tema de imagen por analizar: No tendría presentación ante el mundo que Colombia, uno de los países con menos transparencia en su contratación, vote en contra o no vote por un mecanismo que otorga un mandato contra la corrupción.  Imperdonable que cargáramos con ese baldón para el resto de nuestros días y que la historia nos registrare como un Estado que se opuso a que se expidieran normas exigentes contra uno de los fenómenos que hoy agobian a los Estados del mundo.

En la evolución del Estado Moderno, a las generaciones que compartimos estos tiempos, nos ha correspondido observar las fases del Estado de Derecho, Estado Social de Derecho y Estado Neoliberal, si es que éste logró posicionarse. Del Estado Social de Derecho han dicho todos los autores que su gran debilidad es la corrupción y el excesivo gasto público. Nada más cierto y basta con vivir informado de lo que sucede en el mundo.

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Lo correcto, lo consecuente, lo obvio, es que el próximo domingo todos acudamos a las urnas a decir siete veces: sí.

Comentarios:

Carlos Januario
2018-08-20 11:21:57

Me gusta El Mundo. Veo con tristeza que no salen los comentarios de los lectores en ninguna columna. O El Mundo no los está publicando o es que nadie comenta o nadie está leyendo las diferentes columnas...Cualquiera de las tres razones muy lamentable...

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