Las más recientes salidas proselitistas de Rodrigo Londoño e Iván Márquez, jefes de las Farc en la guerrilla y en la política, despertaron protestas de centenares de ciudadanos en resistencia pacífica, que les reclamaban cumplir sus obligaciones de verdad y justicia, la mínima que el país aceptó, antes de incursionar en política y prepararse para ocupar las curules que les otorga el acuerdo final. Las manifestaciones en Armenia, Pereira y Florencia recogen las voces de las víctimas y de ciudadanos que descartan que una paz que merezca tal nombre pueda lograrse sobre impunidad y olvido. Quienes protagonizan estos actos demuestran valentía al enfrentar a quienes fueron sus victimarios y, además, someterse al matoneo de medios de comunicación y propagandistas del acuerdo.

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El carácter espontáneo de las protestas, revelado en los carteles hechos a mano y los cánticos poco coordinados, exige interpretaciones que trasciendan prejuicios o deseos, permitiendo comprender las debilidades del acuerdo con las Farc, hacia dónde puede ir el posconflicto y cuáles son los retos de las instituciones, si es que pretenden ajustar un proceso en el que las partes se apresuraron para abrir las puertas de la política a los jefes farianos, subyugando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, a ese propósito.

En la carrera final para suscribir, publicar y dar apariencia de refrendación al acuerdo final, los personeros de los tres poderes públicos impusieron un acuerdo que la mayoría, así fuera pequeña, había rechazado y que muchos aceptaron esperanzados en las promesas de que se haría justicia. Entonces, las Farc vieron realizado su objetivo de llegar a la política para darle nuevo aire al castrismo, que agoniza ahogado por los fracasos de sus personeros en Cuba, Venezuela, Ecuador y demás países. Fue grave el yerro de los representantes del Estado y la guerrilla al pretender imponer un acuerdo que ofreció privilegios a quienes se desmovilizarían y restó derechos a la sociedad que durante 50 años perdió vidas, estabilidad y oportunidades, por su acción terrorista. Esa sociedad silenciada es la que ahora protesta por la impudicia de los farianos para enrostrarle al país su impunidad.

La coyuntura creada por la coincidencia, que se alertó, de la campaña política y la falta de decisiones para las Farc en materia de justicia evidencia lo que mucho se ha escrito y dicho sobre la necesidad de que los miembros de la Justicia Especial para la Paz cumplan sus obligaciones con rigor y equilibrio, exigiendo a los victimarios ofrecer verdad, profiriendo sanciones razonables con los hechos y buscando que se cumpla el compromiso de reparación. En la situación actual, la JEP tiene en sus manos la balanza que puede garantizar la paz respetuosa de la sociedad, así sea imperfecta, o romper el débil equilibrio hoy existente, causando nuevas exclusiones y las consecuencias que ellas acarrean.

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Si el sistema electoral y las autoridades tuviesen capacidad, y voluntad, de garantizar elecciones limpias, la consecuencia a esperar según la amplitud de manifestaciones contra la participación de las Farc en política sería la mínima, sino inexistente, votación. Como no ocurre así, las responsabilidades de la ciudadanía se acrecientan con la necesidad de vigilar el proceso, en el que ya asoman denuncias por presiones a los electores, y especialmente controlar las jornadas de votación, conteo y escrutinio de los votos, buscando que los hechos sí representen la voluntad popular.