Las gravosas concesiones de la sociedad colombiana a las Farc habían sido justificadas por la necesidad de alentar el compromiso de esa organización con su total desarme y consecuente renuncia a usar la violencia contra el pueblo o el Estado. Producto de la oferta, y aun siendo muchos conscientes del desequilibrio, casi medio país aceptó resignar el principio de justicia, traicionar el proceso democrático y debilitar sólidas instituciones a una promesa deseada por medio siglo.

La promesa del total desarme ha caído como un castillo de naipes. El soplo que lo debilitó provino del hallazgo de una importante caleta de armas, municiones y dinero, perteneciente al Frente 48 de las Farc. Sin embargo, el viento fue soplado por el displicente jefe de ese grupo, con su agresiva reacción a la noticia del desagradable descubrimiento.

El hallazgo es de tal gravedad que exige explicaciones de los responsables de la implementación de los acuerdos y su tránsito al posconflicto.

Las Farc tienen que responder por su caleta. No con la agresividad del pronunciamiento con que alias timochenko culpó al Gobierno por dizque haber incumplido los acuerdos, sino con la responsabilidad de ser beneficiarios de concesiones, gabelas y privilegios que han pretendido reconocer una “voluntad de paz” que ha quedado en entredicho al ser revelada una evidencia de la enorme trampa que han pretendido hacer.

La delegación de la ONU que encabeza el general Javier Pérez Aquino, queda a cargo de explicar las declaraciones que el jefe de verificación entregó el 10 de abril pasado, cuando celebró declarando: “Podemos decir que prácticamente hemos terminado el registro e identificación de todo el armamento que tienen las Farc en sus campamentos”. La Cancillería colombiana ha anunciado una visita de delegados de la Secretaría General de la ONU para revisar la implementación. En ella, el organismo ha de asumir su responsabilidad con este proceso y con los colombianos, no limitarse a ser corista de la propaganda oficial sobre estos hechos.

El Gobierno Nacional queda obligado a responder por los hechos y a responder con la eficacia que la situación exige. Ante confusiones, es su deber aclarar si el hallazgo es producto, como se informó en medios, de valientes denuncias de habitantes de Puerto Leguízamo, Putumayo, o si, como dijo Mindefensa, es resultado de acciones de inteligencia. Y, más importante, debe explicar cuáles son sus decisiones para sancionar a quienes violaron los acuerdos, ocultando sus armas, y con qué acciones va a garantizar que las Farc sí hagan dejación de armas y la ONU tenga dientes para vigilar que ello ha ocurrido.

El golpe de este descubrimiento no es al acuerdo, como falazmente afirman quienes lo traicionaron. Es a la poca confianza que iba quedando en la seriedad del compromiso de las Farc con el Estado colombiano.