Santos no ha hecho nada, o muy poco, para preparar al país frente a la crisis humanitaria que se está desarrollando en Venezuela, causada por el criminal gobierno de Maduro, que busca atornillarse en el poder a costa del hambre generalizada y la muerte por falta de medicamentos y atención médica de los venezolanos, especialmente, niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades catastróficas.
De hecho, Santos no sólo no hizo nada para ayudar a l os venezolanos, sino que prohijó a la dictadura de Chávez, de quien se declaró nuevo mejor amigo, así como de Maduro, íntimo amigo de la canciller, en razón a que eran actores principales en la puesta en escena de las negociaciones de La Habana. 

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Su complicidad y, en realidad, su actitud, que no puede calificarse de otra manera que de traición a la patria, lo llevó -y lo sigue llevando- a guardar silencio frente al hecho notorio de que la frontera con ese país se convirtió en retaguardia, auspiciada, apertrechada y soportada políticamente, de los guerrilleros des Farc, del Eln y del Epl, desde donde han atacado impunemente a las poblaciones y a los ciudadanos colombianos, como ocurre ahora con el segundo de los grupos mencionados en Arauca y Vichada, donde aterrorizan e imponen su voluntad violentamente; o han convertido los territorios fronterizos en corredores de narcotráfico para llevar la droga maldita a ese país para que, en alianza con el venezolano cartel de los generales, sea transportada a los distintos mercados internacionales.
En efecto, Santos jamás ha reclamado a la dictadura por la presencia en Venezuela de esos grupos que desestabilizan nuestra democracia, ni ha exigido acciones en su contra, ni ha denunciado ante la comunidad internacional este burdo intervencionismo. Y sólo cuando el gobierno de Trump, del cual recibe dinero para combatir el narcotráfico, exigió una postura contra la dictadura venezolana, comenzó a hacer tímidos pronunciamientos contra ella, pero calla que las guerrillas colombianas tienen control sobre vastos territorios venezolanos, en los que asesinan y secuestran y sirven de policía política al régimen madurista, además de depredar a Colombia.
Ahora bien, el punto está en que, en la medida en que la crisis humanitaria aumenta, el flujo de la población venezolana a Colombia aumenta. Por supuesto, Maduro no hace nada para aliviar la crisis porque actuando con las lecciones aprendidas en Cuba, le interesa expulsar de su país al mayor número posible de habitantes, para aliviar la carga y la presión social y aumentar con mayor eficiencia el control de los que se queden por una bolsa de comida a cambio de fidelidad total al régimen o, simplemente, porque ni siquiera pueden emigrar; y, adicionalmente, para causarle un problema monumental a Colombia, en el momento en el que se avecina un cambio de gobierno.
Cito el caso de Cuba para ilustrar lo que nos está pasando.  Castro estimuló la salida de balseros de la Isla. Es más, en 1980, en plena Guerra Fría, utilizó el puerto de Mariel para permitir la salida a la Florida a 125.000 personas, el 1.3% de la población. Fue una salida masiva que buscó aliviar la presión social al castrismo. Además, muchos de los marielitos eran delincuentes, y las autoridades conscientemente querían sacarlos de Cuba para crearles un problema a los norteamericanos (como efectivamente ocurrió). Y esto es muy importante, en este y en otros episodios de balseros, salieron espías al servicio del régimen prosoviético cubano, una de cuyas misiones era infiltrar el movimiento anticastrista en la Florida.
En Colombia hay, según información de la revista Semana del 22 de enero pasado, 550.000 venezolanos en Colombia. Pero, tal como se desenvuelven los acontecimientos, pueden estar llegando hoy a 800.000 y pronto superarían el millón. Nuestro país no tiene capacidad para atender semejante éxodo, y a apenas se anuncian planes de contingencia. Ciudades como Cúcuta, Maicao, Bucaramanga, Santa Marta y Barranquilla, pueden colapsar; otras como Bogotá, Medellín y Cali, pueden tener graves problemas. 
Lo que ha hecho Santos para preparar al país, es nada: un remedo de punto de atención a pocos migrantes en Cúcuta y la exigencia de pasaporte para cruzar la frontera. No hay previsiones de asentamientos provisionales, ni de ayuda humanitaria en comida y salud; no hay solicitud de asistencia internacional. No hay presión al gobierno venezolano para que intente detener la inmigración o para que acepte ayuda humanitaria internacional, que le ha sido ofrecida. Nada. 
El impacto de esta inmigración será devastador en nuestra economía, en nuestro sistema de salud, en nuestra seguridad. Tenemos una obligación moral y jurídica de asistencia con nuestros vecinos. Debemos acogerlos con solidaridad, sin xenofobia y como una acción de reciprocidad porque millones de colombianos emigraron a ese país cuando era próspero. Es posible, además, que muchos de los que hoy cruzan la frontera hacia nuestro país, sean colombianos de nacimiento o de origen. 
Pero habría que intentar que fuera ordenada, que controlara la presencia de delincuentes venezolanos; y, sobre todo, de espías y agentes del castro madurismo, colados para fortalecer las filas de la guerrilla y de movimientos de extrema izquierda radical, dedicados a terminar definitivamente con nuestra democracia. Y es claro, que en lo que queda de este gobierno y si se elige uno que siga la política de Santos, de cualquier pelaje, esto es lo que va a ocurrir.

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