Entre enero y junio de 2016, la deuda de las EPS con las clínicas y hospitales creció en 16%, llegando a siete billones de pesos. Su valor duplica el pasivo que provocó la intervención a Electricaribe. Hoy, 26 millones de colombianos están asegurados por una institución intervenida o bajo vigilancia especial; ellos duplican a los usuarios de siete departamentos que han padecido los cortes y fallas en el servicio de la electrificadora que sirve a la Costa Atlántica. Entidades simbólicas del sistema de salud, como el Hospital Universitario del Valle, el mayor y más prestigioso del Suroccidente del país, y Savia Salud, la más importante aseguradora del régimen subsidiado, inician cada día temiendo que sea el último en el que ofrecerán alivio a pacientes pobres y muy enfermos. 

El Observatorio de la Salud, organismo privado constituido por EPS, fundaciones, hospitales y una prestigiosa universidad, publicó al finalizar la semana pasada la primera versión del Índice de la Salud (se consulta en https://goo.gl/Tikj3F), construido con Cifras y conceptos. En él se constata la paradoja entre la buena salud de los colombianos (que tiene 79 de 100 puntos posibles); la mediocre percepción ciudadana del sector (69/100); el regular estado de las instituciones del sistema de salud (63 de 100 puntos), y las pésimas condiciones financieras (37 de 100 puntos). Estos resultados son congruentes con las angustias de los prestadores; con la preocupación del sistema por las largas que la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Salud siguen dando a la solución de la crisis de Savia, y con las denuncias, que esperamos sean prontamente aclaradas por la Fiscalía, sobre corruptelas que asechan al sistema. 

La realidad y la imagen que de ella se obtiene hablan de una crisis tal que estaría llevando al traste los importantísimos logros de la Ley 100 de 1993, norma perfectible que tiene a su haber el posibilitar el aseguramiento para casi la totalidad de la población colombiana. Y de contera, el desastre estaría acabando con la pretensión de la Corte Constitucional, que nosotros y otros analistas hemos reconocido desproporcionada, de dar al derecho a la salud carácter de absoluto. Aún con este panorama, el Gobierno Nacional permanece ajeno a las soluciones. El doctor Santos, por estar ocupado en los detalles del Acuerdo con las Farc. El doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud, por dedicarse a sus batallas contra la fumigación con glifosato, por la legalización de la marihuana para uso medicinal, en procura de la institucionalización de la eutanasia y, últimamente, por la aprobación del que ha denominado “tributo a la salud”, que grava a las bebidas azucaradas, responsables de la obesidad, pero omite actuar contra otros detonadores de las mayores afecciones de los colombianos, como la desnutrición, los agentes contaminantes del aire, las bebidas alcohólicas o las grasas saturadas.
La crisis financiera de un sistema que tiene su columna vertebral en su capacidad de prevenir enfermedades y atender a los pacientes buscando cuidar su vida no emergió sorpresivamente. El doctor Gaviria la había anunciado en un diagnóstico, tan certero como simple, que demuestra el desbalance entre las mayores demandas de atención de la población asegurada, y el mínimo crecimiento, cuando existe, de ingresos del sistema, los cuales principalmente provienen de los aportes de los asegurados en el régimen contributivo, de impuestos y rentas regionales y nacionales con destinación específica y del 15% de las regalías. El desfinanciamiento, se ha explicado ampliamente desde el fallido trámite al proyecto de ley de Reforma a la salud, se agrava con desórdenes y sobrecostos en que incurren varias EPS, prestadores y, especialmente, proveedores de alta tecnología y medicamentos. Estos problemas estructurales son los que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se negó a resolver cuando omitió presentar ponencia sobre el proyecto de ley dirigido a reestructurar y sanear el sector. Entonces, como recordamos en la frase destacada, los congresistas fueron responsables de la crisis emergente en el sistema. Sin embargo, transcurridos dos años y medio, la culpa de los representantes a la Cámara se va diluyendo en la que debe asumir el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente “de la paz” y el doctor Gaviria Uribe, cuyas batallas le ocultan el naufragio del barco que debía mantener a flote.