Es importante tomar nota de los temas priorizados por los prelados: unidad nacional, lucha contra la corrupción, construcción de la paz y compromiso, que ellos declaran asumir directamente
La CVI asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Colombiana, que concluyó el pasado viernes 6 de julio en Bogotá, dejó el anuncio del traslado a República Democrática de El Congo, del nuncio Ettore Ballestrero, a quien el país agradece especialmente su contribución a la exitosa visita del Papa Francisco. También legó importantes pronunciamientos de los obispos, uno general sobre la agenda del país, y el de los obispos con sede o influencia en Chocó, acerca de la grave situación humanitaria de ese departamento.
Es muy diciente que el primer punto del documento final de la CEC haya acogido el llamado a la unidad de los colombianos que el presidente electo Iván Duque hizo desde su primer discurso. Tras él, los obispos han invitado a otros partidos a sumarse para avanzar hacia “un gran acuerdo que nos permita vivir y trabajar todos en un gran proyecto nacional”. Su llamado contrasta con las pretensiones de algunos hirsutos políticos que han planteado la oposición como escenario de confrontación política, tomando distancia del pacto social que el país necesita y al que, con su liderazgo, los obispos católicos podrían contribuir.
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La propuesta de unidad mediante acuerdos generales demanda de cada uno la disposición que los obispos ofrecen al proclamarse “obreros de la reconstrucción de la nación”, para lo que se declaran abiertos a “ser creativos y generosos para encontrar la solución a nuestros problemas”, entre los que pusieron como prioritarios combatir la corrupción y “trabajar por la paz”.
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Confluyendo con la que se ha reconocido como preocupación central de todos los colombianos, los obispos han recogido la censura del Papa a la corrupción, convocando a personas y familias a emprender las transformaciones éticas que impiden su avance, así como llamando a la sociedad a “conocer y acoger las iniciativas que se juzguen válidas en el país para combatir este flagelo”.
Tiene especial valor el llamamiento de los obispos a que “no nos cansemos de seguir trabajando por la paz”, una petición que reconoce que el proceso hacia la reconciliación requiere de “nuevos aportes y nuevos horizontes” y que hace énfasis en “mantener la estabilidad de las regiones y de la democracia y a continuar avanzando por los caminos que garantizan la vida, la libertad y la justicia”.
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Con esta última declaración, la asamblea de obispos demuestra haber tomado nota del valiente pronunciamiento de los obispos de Apartadó, Quibdó e Istmina-Tadó, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, acerca de la crisis humanitaria que ha sometido a los habitantes del departamento a los mayores índices de homicidio en el país, a desplazamientos y a confinamiento. En el fuerte comunicado que leyeron en la sede de la CEC, en Bogotá, los obispos denunciaron especialmente al Clan del Golfo y el Eln, como responsables de graves crímenes, y acusaron al Estado de no haber tomado posesión de territorios donde estaban las Farc, y a la Fuerza Pública de utilizar informantes civiles, poniéndolos en riesgo. Dado que situaciones comparables suceden en el sur del Pacífico colombianos, algunas de ellas también responsabilidad de los GAO residuales de las Farc, quedan preguntas sobre el silencio de los obispos de una región que también merece un clamor por la seguridad y la protección a los habitantes.
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