La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) no tiene acceso a Venezuela desde al menos 2014, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones.
El experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, anunció este viernes que efectuará en noviembre una visita oficial a Venezuela en la que "escuchará a ambas partes" enfrentadas en la crisis política, social y económica que vive el país.
Será el primer relator especial de la ONU en viajar a Venezuela, que ha rechazado solicitudes de expertos independientes para visitar el país durante años, recordó De Zayas en un encuentro con los medios.
"Soy el primero en ir allí en noviembre y voy a escuchar a todas las partes y hablar con todo el mundo", señaló. Su objetivo es hacerse "su propia visión de la situación" en Venezuela.
De Zayas dijo que ha pedido al Gobierno venezolano poder visitar el país porque ha recibido mucha información de ambas partes y que ve "tantas evidencias opuestas que quiero ver por mí mismo lo que ocurre" sobre el terreno.
El pasado 11 de septiembre, en el marco de su intervención en la trigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, adelantó que Caracas ha decidido formular una invitación a tres relatores especiales para visitar Venezuela en los próximos meses, aunque entonces no dijo cuáles.
Ese anuncio se produjo después de que acusara a la Acnudh de agredir y querer desestabilizar a Venezuela al mentir sobre la represión de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar entre abril y julio, que según el alto comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein, "puede constituir crímenes contra la humanidad".
En agosto su oficina presentó un informe en el que detalló el presunto uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas en el marco de las manifestaciones, violaciones de derechos supuestamente cometidas sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad.
También denunció detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas y restricciones a los opositores.