En decisión comunicada el pasado 7 de febrero a la asociación Shipia Wayuu, liderada por Javier Rojas Uriana, y a su asesora, abogada Carolina Sáchica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh-OEA) protegió a nueve mil madres gestantes y lactantes wayuu residentes en los municipios de Riohacha, Manaure y Uribia. Con la decisión, amplía las medidas cautelares decretadas en diciembre de 2015 para amparar a infantes wayuu menores de 5 años aquejados por gravísima desnutrición, que les causa la muerte o daños físicos irreparables, y que es consecuencia de la sequía, dificultades de acceso al agua dulce y falta de una política de seguridad alimentaria gestionada para atender de manera eficiente sus situaciones críticas.

Esta trascendental decisión, adoptada mediante Resolución 3 de 2017, puede ser agridulce para las mujeres merecedoras del amparo, pertenecientes a la más grande comunidad indígena del país.

El 9 de enero pasado murió en Barranquilla el hijo del indígena Luis Daniel Uriana. De sus dos meses de vida, el niño había pasado uno hospitalizado a consecuencia de una insuficiencia cardiaca congénita, producto de la malnutrición de su madre, y de su propia desnutrición. Esta tragedia que afecta a nueve mil padres y madres wayuu explica la medida de protección especial a las madres gestantes y lactantes también aquejadas por desnutrición. Además, la decisión, adoptada mediante resolución 3 de 2017, reconoce que la protección de la infancia en crecimiento comienza con el amparo a las madres que la gestan; también, consecuentemente, invita al Estado colombiano, y a todos los que recojan este ejemplo, a adoptar efectivas políticas de seguridad alimentaria para las familias gestantes y lactantes.

Tocar las puertas de la comunidad internacional fue el último, casi desesperado, paso de la asociación de autoridades indígenas para llamar la atención sobre una tragedia que no para de crecer, como se demuestra en el hecho de que en 2016 fueron certificadas las muertes por desnutrición de 81 wayuu menores de cinco años, aunque se teme que la escandalosa cifra ascendió a cien niños, y en apenas seis semanas de este año ya se han documentado seis fallecimientos por igual motivo. Las medidas cautelares, que parecen frivolizadas por el indolente Gobierno Nacional, son del todo y por todo pertinentes en la alerta y protecciones que los organismos multilaterales pueden tomar para garantizar respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados internacionales.

En su búsqueda de protección a la infancia de su pueblo, la Asociación Shipia Wayuu, con apoyo de su asesora, contribuye a ampliar los derechos que deben gozar de protección especial. Su empeño, y la atención que justamente les dan las autoridades internacionales, no garantizan que el Estado responda con la celeridad que debiera hacerlo por simple vocación humanista, respeto a las leyes o, si no, por el ramplón temor a recibir más condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que no se debe descartar en esta campaña por la vida de la niñez de La Guajira.

Los wayuu no esperan cambios con esta nueva protección. En respuesta a las medidas cautelares adoptadas hace catorce meses, el Icbf aprovechó las evidencias de corrupción de los políticos guajiros para tratar de lavar sus culpas por no adoptar una política seria de seguridad alimentaria. La falta de eco a tal estrategia motivó la indignante opción de desprestigiar a las familias wayuu para hacerlas ver como culpables de no tener agua, encontrar sólo pantano en sus pozos locales o sufrir la muerte de los animales de corral que dan alimento a sus hijos. De tarde en tarde, como lo hizo en la segunda semana de enero, repite anuncios, no realizados, sobre nuevas políticas y acciones protectoras de la infancia. Tales intervenciones, y algunas parecidas de otras instancias nacionales, son retomadas por la Cancillería para intentar convencer a la Cidh-OEA de que el Gobierno sí acoge sus recomendaciones. Con el nuevo mandato al Gobierno Nacional para que atienda a las madres que están en ?situación grave y de urgencia?, la Comisión señala dónde tiene puesta su credibilidad y en medio de la sequía de comprensión y responsabilidad, hace manar un pequeño hilo de esperanza en el fin de la tragedia de este y los demás pueblos indígenas que sufren la indolencia del centralismo.