Nadie cose un remiendo de paño nuevo

a un vestido viejo; lo nuevo rasga parte

de lo viejo y se hace mayor la rotura.

Mateo 9, 16

Aterrados por la JEP, instrumento de venganza increíblemente perverso, el Congreso y la Corte Constitucional le ponen algunos frenos y cortapisas, como si fuera posible sincronizar dentro de un engranaje democrático un piñón leninista.

El reciente fallo de la Corte Constitucional, equilibrista y ambiguo, aun si fuera respetado por la JEP, apenas representa tímidas restricciones frente a los poderes omnímodos de esa rueda suelta dentro del poder judicial. Si la JEP decide “interpretar” el acuerdo y las leyes que le dan vida, saltándose los límites que le impone la Corte Constitucional, ¿qué autoridad podría anular sus actuaciones, arbitrarias e ilegales?

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Como no existe realmente instancia superior a la propia JEP, ella hará todo lo que “se le dé la gana” (como ocurre actualmente con el Ejecutivo), sin que sus víctimas tengan a dónde acudir.

En un Estado democrático no hay pena sin ley preexistente, ni sentencia sin recurso de apelación. Además, operan ciertos principios universales como el respeto por la prescripción, la cosa juzgada y las garantías procesales, no siendo la menor la observancia de los términos.

La JEP, integrada por 51 improvisados magistrados vinculados a partidos de extrema izquierda, escogidos por cinco activistas de la misma corriente, nunca ha pretendido ser un tribunal  democrático; al contrario, no puede ocultar que responde a la concepción leninista de la “justicia,” entendida como uno de los órganos al servicio de la revolución…

De la actual justicia ordinaria la JEP heredará, obviamente, un vicio colombiano: el incumplimiento habitual de los términos y la morosidad generalizada.  Este defecto gravísimo se excusa siempre dizque por la congestión y el atraso. Desde la Colonia, los jueces son incorregiblemente morosos. La duración de cualquier proceso, por sencillo que sea, es cosa de años o décadas.

Si en asuntos civiles la demora judicial es gravemente perjudicial, en materia penal es tanto o más criminal que las acciones de los detenidos. No existe mayor injusticia que la demora en la justicia.

Si a este vicio de la indolencia y la morosidad se añade la motivación venal o política de los fallos, como viene ocurriendo con frecuencia, se explica el bien merecido desprestigio de los jueces. En la justicia penal, además, hay que considerar tanto el cartel de la toga como la cábala política, que explican cómo millares de integrantes de las Fuerzas Armadas pasan años enteros esperando sentencia, en procesos muchas veces basados en acusaciones y testimonios igualmente falsos.

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La morosidad es un arma de tortura, al punto que un dirigente nacional ha acuñado la expresión “La demora deliberada de los falladores equivale a un homicidio judicial”. Considerando esa expresión no puedo dejar de recordar a Óscar Arboleda Palacio, a todas luces inocente, que muere después de diez años esperando la absolución, que nunca llegó.

Volvamos a la JEP. Arranca con más de 15.000 sumarios represados, cifra que permitirá explicar la morosidad que afectará a sus procesados. No olvidemos que la morosidad disimula cualquier prevaricato y no deja huellas demostrables de persecución, arbitrariedad, parcialidad o sesgo político.

El distinguido penalista Abelardo de la Espriella ha llamado también la atención sobre lo siguiente: si a la JEP le retiran la abusiva facultad de perseguir a todos los colombianos, esa jurisdicción, sin embargo, puede referir gentes a la justicia ordinaria, para que a través de ella se ejecute la vindicta. Por desgracia, esa estremecedora hipótesis tiene mucho qué ver con el grado de infiltración comunista dentro del poder judicial.

Finalmente, el país no se ha percatado de la gravedad de la motivación política de muchos operadores judiciales. El caso del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, víctima de faltos testigos aquejado de cáncer, es bien diciente. No bien obtuvo la casa por cárcel, alguna diligente juez ordenó revocarle ese beneficio, y en vez de devolverlo a la anterior reclusión militar lo mandó a La Picota.

No existe, entonces, excusa para no firmar la propuesta de referendo revocatorio de la JEP. ¡Si la justicia no es imparcial y legítima, no es justicia!

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Mientras la Corte Penal Internacional condena de por vida a Ratko Mladic, el NAF condena a los colombianos a ser gobernados por títeres, a ser juzgados por un tribunal espurio, y a pagar dietas parlamentarias a narcoterroristas.

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Recibido respetuosamente, el gran emisario comunica al gobierno las órdenes definitivas de Raúl.  Habana locuta causa finita est.