El ambiente de división y controversias que genera el debate sobre la Justicia Especial para la Paz, que continuará este lunes en el Congreso, parece resuelto para un militar en la cárcel. Él, quien pidió ocultar su identidad por razones de seguridad, afirma que desea ser juzgado por la JEP en cuanto sea aprobada.

Este exuniformado relató a EL MUNDO que estuvo involucrado en el fenómeno de los falsos positivos y fue juzgado por la justicia ordinaria y no la militar; su juez no conocía el orden y la doctrina militar, lo cual dio como resultado su insatisfacción frente al fallo. Por eso ve en la Justicia Especial para la Paz una nueva oportunidad de vivir por fuera del conflicto.

“La JEP es un equilibrio en el que se consigue el máximo de justicia, pero entendiendo que la necesidad es que finalice el conflicto. No se trata de meter a miles de personas a la cárcel de por vida. Se quiere que todos nos integremos en la sociedad y trabajemos en pro de las víctimas y todo el pueblo colombiano”, afirmó.

Sin embargo, este optimismo de varios sectores de los militares involucrados en crímenes atroces se contrasta con las sensaciones en el escenario político; en donde sólo el Gobierno quedó totalmente satisfecho con el proyecto de la JEP. El presidente Juan Manuel Santos afirmó ante un medio nacional que “se está votando, en el Congreso de la República, tal vez la reforma constitucional más importante para consolidar la paz(...) Aquí están sucediendo cosas importantes y positivas”.

Por su parte, las Farc están conformes con la ley en general, pero tienen grandes reparos frente a modificaciones del Acuerdo, que según su asesor jurídico Diego Martínez, se dieron unilateralmente y sin contar con la otra parte. Este jurista aseguró que se incorporó un artículo que tiene la tendencia de destruir el derecho internacional en la JEP, lo cual abre la posibilidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional intervenga en el tema de máximos responsables, en especial los del Estado colombiano.

“Fue un gran error sacar la referencia del Estatuto de Roma con respecto a la responsabilidad de la cadena de mando a agentes del Estado y ejército. Dentro del Acuerdo hay dos principios de cadena de mando, uno para que las Farc y los civiles se ajusten a las normas internacionales y el de los militares, que es lo que ha causado tanta molestia. Colombia se suscribió al Tratado de Roma y no lo ha denunciado; por lo tanto, el estatuto está vigente. Excluirlo de la JEP, no lo saca del ordenamiento jurídico”, agregó el jurista.

Por su parte, Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, aseguró que este sistema “se creó a la medida de las Farc. Se crea un sistema de justicia paralela, una especie de supratribunal que puede reabrir casos concluidos y además, en este se equipara a fuerzas militares, las Farc y a los civiles”.

¿La CPI intervendrá en Colombia?

Otra de las dudas que nublan el panorama de la JEP es si realmente incumple el Tratado de Roma. Según el Artículo 25 del estatuto, será penalmente responsable quien “cometa ese crimen por sí solo(...) u ordene, proponga e induzca a otro, ya sea consumado, en calidad de omisión o en grado de tentativa”.

Por su parte, el Artículo 28 establece que por acción u omisión; sabiendo o debiendo tener conocimiento, “el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubiesen sido cometidos por fuerzas bajo su mando, autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”.

Esto encendió las alarmas de los militares retirados asociados con Acore, quienes aseguraron que les preocupaba la modificación de los artículos concernientes a responsabilidad de cadena de mando dentro de estas leyes. El Gobierno aceptó los errores y afirmó que serían corregidos, cosa de la que aún no hay certeza.

Lo anterior quiere decir que los mandos altos de la Fuerza Pública, por acción u omisión (con conocimiento antes, durante y después del ilícito), tienen responsabilidad de acciones fuera de la ley hechas por sus subordinados.

Frente a esto, Sergio Jaramillo, comisionado de Paz, afirmó que “no nos corresponde meternos en esto (…) en la renegociación hubo una propuesta de Alejandro Ordóñez y sus asesores, quienes propusieron hacer referencia al Estatuto de Roma. Todo eso se cambió y finalmente eso fue lo que se firmó en el Teatro Colón", expresó Jaramillo en una entrevista con un medio nacional. Esto agudizó la polémica.

Para Martínez, “es inconcebible que exista en un ordenamiento legal dos tipos de cadenas de mando; un artículo que dice que respeta plenamente el derecho internacional y el otro que lo destruye, es decir, un principio para todo el mundo y otro para uno cuantos y en el que se excluye a los actores del Estado. Esto hace que estos actores puedan ser juzgados por la CPI”.

“Actualmente, con las modificaciones realizadas en la JEP,  han existido cartas que muestran la incoformidad de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Por esta se declara como observantes y vigilantes, ya que podría ser contraria a las normas de la CPI y esto generaría situaciones de impunidad; lo cual activaría la jurisdicción de esa Corte. El principio era general y ahora solo quedó para rebeldes y los terceros", afirmó Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc.

Según la Senadora Holguín, con el diseño actual de la JEP, necesariamente entrará a operar la Corte Penal Internacional; ya que se ha dado una amplia amnistía e indulto a delitos atroces y de lesa humanidad, lo cual está prohibido por el Estatuto de Roma. “Esto niega los estándares internacionales y las exigencias mínimas de las penas privativas de la libertad para este tipo de delitos”, agregó.

Frente a este asunto, el miembro del ejército que está en la cárcel aseguró que si la figura de cadena de mando es “interpretada de manera textual, daría cabida a que se presenten injusticias. Vamos a ver lo que siempre se nos prometió que no pasaría: militares condenados a cadenas perpetuas y guerrilleros dirigiendo el país. Confío en las buenas intenciones y el proceso del presidente Santos, en que la CPI y la comunidad internacional seguirán dándole el visto bueno a la Justicia Especial para la Paz”.

Persisten dudas frente a la elección de los magistrados

Frente a la elección de los magistrados, los militares retirados expresaron temor de que fueran personas proclives al terrorismo. En esta misma línea va Paola Holguín, quien afirmó que le parece “muy delicado que sean personas de otros países quienes elijan los magistrados. Algunos tienen posturas en las que ven a las organizaciones terroristas como víctimas. Hoy le están entregando a ellos una justicia paralela que rompe el sistema jurídico constitucional”.

Al contrario, Diego Martínez opina que “estas personas recogen las necesidades de la JEP; plenamente transparente y respetuosa de la justicia internacional y eso genera mucho apoyo externo. Juan Méndez es intachable y reconocido en el sistema interamericano de Derechos Humanos. García Sayán es uno de los que ha tomado decisiones más importantes en materia de terminación de conflicto”.

Frente a esto, el militar anónimo afirmó que se debe entender que “el Gobierno hizo el proceso de paz con las Farc, nosotros estamos invitados. Puede que estemos en desventaja, pero hay confianza en que ellos logren entender que nosotros también somos gente del pueblo, que luchamos por ideales diferentes de los de ellos, pero no somos de la oligarquía, ni adinerados, sino personas de a pie. En ese sentido confiamos en que a pesar de pensar diferente a nosotros, entenderán que solo defendíamos una idea de democracia”.

El exnegociador Humberto de la Calle afirma que “hay una imparcialidad y una autonomía evidentes. Estamos hablando de personas impecables”.

El militar concluyó afirmando que “somos conscientes de que estos delitos no son amnistiables y que tendremos que estar un tiempo con privación efectiva de la libertad y que habrá justicia; así debe ser. No cadenas perpetuas como algunos quisieran, pero habrán penas alternativas en aras de que por fin acabe el conflicto”.

Contexto de la JEP

Esta jurisdicción hace parte del punto de Víctimas del Acuerdo de Paz con las Farc ,el cual fue debatido, según Martínez, entre  mayo del 2014 y diciembre del 2015. la JEP está dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Este componente tiene como bases la participación de las víctimas, la Comisión Histórica del Conflicto que estableció las condiciones del esclarecimiento y el protagonismo de la Comisión Jurídica.

A estos tribunales tendrán que comparecer los actores del conflicto que cometieron delitos de lesa humanidad como el genocidio, graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores según lo establecido en el Estatuto de Roma.

Por otro lado, son acreedores a la aministía e indulto quienes cometan delitos políticos o conexos del conflicto armado como la rebelión, sedición (insurrección en contra del Gobierno), asonada, porte ilegal de armas, muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y concierto para delinquir con fines de rebelión, entre otros.