Colombia registró 11.481 víctimas de minas antipersonal y otros elementos explosivos entre 1990 y marzo de 2017, de los cuales 7.028 son de la Fuerza Pública y 4.453, civiles. Esta cifra, brindada por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, fue una de las resaltadas en el  informe La guerra escondida: Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia, publicado esta semana por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este texto ubicó en el centro del debate las a veces invisibilizadas narraciones de los miembros de la Fuerza Pública, quienes fueron víctimas por estos artefactos explosivos en el contexto del conflicto armado colombiano.

Otro elemento de este informe fue el de hacer un giro discursivo que, según María Elisa Pinto García, investigadora del informe y directora ejecutiva de la Fundación Prolongar, se encaminó a que este hecho no fuera nombrado como “accidente sino como atentado. Esto hace referencia a que el accidente no habla de responsabilidades ni de la naturaleza de ese evento y el otro concepto sí. Con esto queremos interpelar a los grupos guerrilleros que son los responsables de esta clara infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

Para Juan Carlos Álvarez Álvarez, abogado y experto en derecho penal, este cambio semántico al que apunta el informe es concordante con el Derecho Internacional Humanitario y con el bloque constitucional nacional. “Estos hechos deben señalarse como intencionales, lo cual los tipifica como lesiones u homicidios en persona protegida por estos marcos jurídicos”.

“En procesos de paz con grupos ilegales, eso tiene un impacto fuerte porque la siembra de minas se reconoce como un delito de guerra, cuyos implicados estarían excluidos de amnistías e indultos. Esto implica que los actores armados deban cuidarse mucho más de cometer estos delitos, porque de ser señalados como responsables de estos actos, no podrían acceder a los beneficios de los acuerdos alcanzados por el cese de hostilidades. La gravedad de las minas antipersonal tomó relevancia en el informe a raíz de las reflexiones hechas por Jody Williams, premio Nobel de Paz en 1997 y activista en la lucha contra el uso de estos artefactos explosivos. Sobre esto, argumentó que “una guerra se termina y las armas dejan el campo de batalla con los combatientes. Las Minas Antipersonal permanecen donde fueron instaladas y continúan cobrando vidas y extremidades por décadas después del cierre del conflicto”.

“La tierra sin uso productivo puede paralizar a las comunidades y tener un impacto negativo en el desarrollo de las áreas que estén minadas o que se teme que estén minadas”, agregó en dicho texto. Estas reflexiones obtuvieron relevancia en el contexto de que este país es el único de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas, a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa.

Historias de guerreros resilientes
Los miembros del Ejército, la Armada y la Policía Nacional, según sobrevivientes consultados por EL MUNDO, necesitan ser objeto de más reconocimiento, más oportunidades de empleo y de que no los estigmaticen por su situación de discapacidad. Para Pinto García, “sobresale la autoinculpación. Las minas, a diferencia de otros hechos del conflicto armado, implican que la propia víctima es la que activa el artefacto; no el victimario ni un tercero. Los militares víctimas usan expresiones como ‘esa mina llevaba mi nombre’ o ‘cada mina tiene su nombre’”.  

Juan David Arias Castro, quien es capitán, trabaja en la Cuarta Brigada del Ejército y asegura que ejerce sus funciones a la perfección, relató a EL MUNDO que su hecho victimizante sucedió el 4 de febrero de 2005, cuando desarrollaba operaciones ofensivas contra la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc: “Caí en un campo minado, salí volando por los aires. El resultado de esto es que perdí mi brazo derecho, perdí partes del izquierdo, sufrí lesiones a la altura de la rodilla, por poco pierdo toda la pierna izquierda”.

Según el uniformado, este suceso llevó a que comenzara “un momento de aceptación. Fue muy duro, porque a veces uno quisiera morirse, debido a que nunca nos imaginamos cómo sería nuestra vida sin una parte de nuestro cuerpo, en una silla de ruedas o perdiéramos nuestra vista”. Sin embargo, luego de entender que su actitud afectaba a sus familiares y la sensación de pérdida de la autonomía que calificó como molesta, decidió que era el momento  de retomar sus actividades diarias y tuvo el apoyo del ejército y la Fundación United For Colombia para rehabilitarse.

Por otro lado, el soldado Cipriano Padilla Medina, quien perteneció a las fuerzas militares en 2006 como soldado regular, tuvo el accidente con la mina el “24 de octubre de 2008, cuando desempeñaba acciones contra grupos insurgentes. Mi vida era muy difícil, hasta que me encontré con el apoyo de la Fundación United For Colombia; ya he participado en diferentes procesos que han mejorado mi vida”.

Según Pinto, “estos atentados afectan la corporalidad, el proyecto de vida y reconfigura en general la identidad de la persona. En el caso de los militares, se marcan asuntos como que la identidad de la fuerza pública está centrada en la masculinidad, en que son guerreros y un ejemplo para su comunidad. Cuando sucede el atentado, ellos pierden su idea de sí mismos”.
“El deporte les ha ayudado mucho porque esto retoma muchos valores iguales que los de la vida castrense: la disciplina, la puntualidad, la competencia. Esto ha sido fundamental para apoyar el proceso de rehabilitación de los sobrevivientes”, agregó la investigadora.

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Frente al apoyo que reciben estas víctimas para su rehabilitación, reincorporación e inclusión, el capitán Arias resaltó que si bien hay un camino recorrido, “todavía hay discriminación, nos privan de oportunidades; las mismas entidades del Estado no brindan opciones para que las personas en situación de discapacidad hagan parte de programas o accedan a trabajos. Dentro de las fuerzas militares pasa lo mismo, no reconocen sus capacidades y preparación porque solo se les ve como una carga. Esta situación es más grave en las zonas rurales, ya que nadie conoce estas historias y no hay oferta institucional ni equipos que faciliten la vida de esta población”.

Por su parte, el soldado Padilla manifestó que más, en lo laboral no he tenido oportunidades. "Yo llevo dos años en Medellín y he repartido entre 35 a 40  hojas de vida. Esto pasa porque las personas no son conscientes de que las personas en situación de discapacidad estamos en capacidad de hacer igual o más que alguien normal. Siempre hacemos nuestras labores de manera óptima y satisfactoria. Así como algún día le servimos al país, esperamos que las comunidades nos correspondan a nosotros”.

Pinto resaltó que los militares cuentan con centros de rehabilitación muy buenos, con equipos interdisciplinarios de psicólogos, psiquiatras, médicos especializados en los efectos de las minas antipersonal y el proceso se hace en conjunto con otros afectados, lo que hace más sencilla la labor de sanación.

Sin embargo, señaló que “muchos de ellos no perciben que lo que les brindan sea justo. Además, simbólicamente ellos perciben la idea de que ‘usted ya no me sirve para la guerra, hasta luego y que le vaya bien’. También se quejan de que como sociedad, no le rendimos el reconocimiento suficiente y el homenaje simbólico de todo lo que les debemos a ellos. Literalmente han puesto su vida, sus cuerpos y toda su identidad al servicio de la comunidad y en Colombia no hay una política de veteranos fuerte”.

Sobre esto, el capitán Arias consideró que “ha cambiado positivamente la percepción de las Fuerzas Militares gracias a su gestión. No obstante, no los podemos abandonar; algunos no han superarado sus heridas y están relegados, sin trabajo y en sus hogares. Si bien la situación general es positiva, no debemos dar pasos atrás, sino hacia adelante”. El soldado Medina aseveró que falta reconocimiento a los militares “como personas que luchamos cada día por este país y seguimos haciéndolo. A pesar de que ya no tenemos un arma, en todo momento luchamos en contra de nuestra discapacidad”.

Otro de los aspectos importantes para estos efectivos es que se garantice que no hayan más afectados por esta forma de ataque. Según el Daicma, “se está llevando a cabo el Plan Estratégico 2016-2021: “Colombia libre de sospecha de minas”, el cual busca que la Brigada de Desminado Humanitario, acompañado de otros miembros y organizaciones civiles, realice un desminado total del territorio nacional”.

“Nuestra tarea es coordinar el plan de intervención y serán las autoridades correspondientes las que nos alerten en caso de nuevas instalaciones de minas en los territorios por partes de grupos como el Eln, la disidencia de las Farc, fuerzas herederas del paramilitarismo y bacrim. Hasta ahora no hay información de que lo estén haciendo”, agregó esta institución. Sobre esto, el informe del Centro de Memoria Histórica “respalda el fortalecimiento que ha tenido el último año el proceso de desminado, porque antes eran muy demoradas las acreditaciones de las organizaciones. Las Farc creó la Corporación Humanicemos, hecho del que no conozco antecedentes en ninguna parte del mundo. Esto es percibido como positivo por los sobrevivientes y da un buen gesto que estén trabajando el Ejército, las Farc y las organizaciones civiles de la mano”.

Después de este suceso no siento ninguna discapacidad: Capitán Juan David Arias
Según el capitán Juan David Arias Castro,  “la mina no solo afecta a la persona que la pisa, sino también a toda su familia y personas cercanas. Al principio sientes que lo has perdido todo, entras en un estado de depresión; pero llegó un momento en el que me di cuenta que no solo me estaba afectando a nivel personal, también involucré a todos mis seres queridos. A partir de esto tomé la decisión de recuperar mi vida”, agregó a lo dicho este miembro de las fuerzas militares.

Este uniformado buscó ser una persona independiente, a pesar de que el diagnóstico médico dictaminó que no podría volver a caminar y con el agravante de que sin la funcionalidad de las manos no podría llevar la silla de ruedas. “Después de muchísimas cirugías y un buen tiempo intenté caminar; luego logré dar mis primeros pasos, lo cual fue muy difícil, pero luego logré comenzar a hacer mis actividades diarias como comer, cepillarme, afeitarme, entre otras labores”, sostuvo durante su recorrido histórico.

Pese a ese hecho que le cambió toda su existencia en su momento, Arias aseguró que todo esto dependió de él “porque si tú te encierras, no te ayudas,  ni aprovechas las oportunidades que te dan; no vas a llegar a ningún lado. Las familias en cierto momento se vuelven tan protectoras y pretenden hacerte todo; eso es un problema porque no permite entender que sigues estando vivo, seguir aprendiendo y lograra recuperar mi independencia”.

“Yo volví al ejército porque sentí que de alguna forma tenía mucho que aportar aún a esta institución. Hay gente que tiene toda su integridad y sin embargo se ponen obstáculos todo el tiempo, ¿Quién tiene la discapacidad entonces? Me di cuenta que la vida continuaba y comprendí que debía agradecer la oportunidad que me había dado. Por ejemplo la fundación United For Colombia me apoyó mucho con el asunto de retomar mis labores diarias y con la rehabilitación”, concluyó.