La Corte Suprema de Brasil autorizó este martes a la Policía Federal a interrogar al presidente del país, Michel Temer, sobre las sospechas de corrupción que pesan en su contra, informó el  propio tribunal.

Temer es investigado por el Supremo bajo la sospecha de que pudo haber incurrido en los delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, y el interrogatorio será hecho por la Policía Federal, responsable de las pesquisas, según explicaron fuentes de la corte.

El mandatario no será obligado a presentarse en la policía ni tampoco a recibirla, sino que el interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma por el presidente, quien en ese caso debería hacerlo en un plazo de 24 horas.

El tribunal no fijó una fecha para ese interrogatorio, que estará centrado sobre todo en unos polémicos audios entregados al tribunal por Joesley Batista, dueño de la empresa JBS y quien ha firmado un acuerdo de cooperación judicial sobre asuntos de corrupción.

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Ese audio fue grabado por el propio Batista en una reunión que tuvo con Temer en la residencia oficial de la Presidencia, la cual ha sido admitida por el mandatario, aunque este niega que lo tratado pueda incriminarlo en algún hecho ilícito.

No obstante, en la conversación Batista relata diversas maniobras ilegales que realizaba en favor de su empresa tanto con el poder judicial como con algunos ministros, frente al silencio de Temer, que por momentos hasta llega a consentir con lo que escucha.

Batista y otros directivos de JBS, investigados en el marco de la trama corrupta que operó en la estatal Petrobras, también confesaron que sobornan al actual presidente desde 2010 a cambio de "favores" hechos desde el poder, y que en los últimos años financiaron en forma ilegal la actividad de 1.829 políticos de 28 partidos.

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Esas revelaciones, pese a haber sido desmentidas en forma tajante por Temer, han generado una creciente ola de indignación y toda la oposición, así como algunos sectores del oficialismo, exigen desde hace casi dos semanas la "renuncia inmediata" del gobernante.