Por deficiencias en la concepción, gestión y control del Ministerio de Educación, el aniversario 80 del Programa de Alimentación Escolar no se podrá recordar como el de la anhelada consolidación de la iniciativa que promete a la infancia estudiante acceso a los bienes nutricionales necesarios para su mejor desempeño escolar y su salud. Así lo ha dejado en claro la auditoría de la Contraloría General de la Nación a la gestión del PAE en el año 2016, cuando llegó a 13.000 instituciones educativas de 1.103 municipios, pero también dejó de entregar 32,7 millones de raciones alimenticias.

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En su ya extensa historia institucional, el PAE ha sido ejecutado por el Ministerio de Educación Nacional (1936-1968), el Icbf (1968-2011) y el Ministerio de Educación, por una decisión del Plan de Desarrollo 2011 que fue aclimatada por una serie de escandalosos informes sobre desórdenes administrativos, irregularidades en contratos e incapacidades en la atención, especialmente en las regiones más apartadas y pobres del país. El análisis que la Contraloría General divulgó el pasado lunes hace temer que una nueva mirada en detalle al programa terminaría ofreciendo una reedición del desorden y el descuido con bienes que para un estudiante representan la oportunidad o la barrera al aprendizaje y al futuro.

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La presentación del informe de la Contraloría ha coincidido con la designación de la abogada Karen Abudinén como directora del Icbf, institución corresponsable de la política de seguridad alimentaria para la población vulnerable, que es toda la infancia. Esa responsabilidad permanecerá mientras el Congreso siga aplazando la creación de la Agencia nacional de seguridad alimentaria y nutricional, llamada a ser el gran ente director de la política de seguridad alimentaria y coordinador de la estrategia de gestión entre las instituciones nacionales, fuentes de la mayor parte del presupuesto, y las entidades departamentales y municipales que deben ejecutarlos.

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