El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pedirá a las autoridades judiciales de su país que le levanten el secreto bancario tras las acusaciones de que una de sus empresas recibió pagos de la constructora brasileña Odebrecht.

"Pido el levantamiento de mi secreto bancario para que revisen todo lo que quieran y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos", señaló Kuczynski en un mensaje televisado en el que estuvo acompañado por sus ministros en pleno.

Kuczynski también dijo que no se va "a dejar amedrentar" ante las advertencias de la oposición política en el Congreso, liderada por el fujimorismo, de que lo destituirá del cargo si no presenta su renuncia.

"Compatriotas no me voy a dejar amedrentar, soy un hombre honesto y así lo he sido toda mi vida, estoy dispuesto a defender la verdad ante la comisión Lava Jato (del Congreso), ante la Fiscalía", enfatizó.

El gobernante aseguró que dará la cara y no esquivará ni se ocultará antes las acusaciones en su contra porque, según dijo, no tiene "ningún motivo para hacerlo".

"No voy a abdicar, ni a mi honor, ni a mis valores, ni responsabilidades como presidente de todos los peruanos, invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo, nos costó mucho recuperar esta democracia, no la volvamos a perder", invocó.

Según esa información, la empresa Westfield Capital de Kuczynski cobró más de US$782.000 en consultorías entre 2004 y 2007, un periodo durante el cual el mandatario fue ministro de Economía y primer ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski había negado previamente haber hecho cualquier tipo de consultoría para Odebrecht hasta que el sábado reconoció haber asesorado a través de First Capital a H2Olmos, empresa del grupo Odebrecht concesionaria del proyecto de riego de Olmos.

El grupo investigador del Congreso también aseguró que Odebrecht indicó que entre 2005 y 2013 se hicieron pagos por asesorías a la empresa First Capital por más de US$4 millones.

En su mensaje de este viernes, Kuczynski afirmó que la información difundida es falsa y pidió a sus compatriotas que no se dejen confundir por un "tendencioso reporte".

Señaló, en primer lugar, que no tiene "ninguna relación como ocio ni como ejecutivo" con First Capital que, según dijo, pertenece al empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

Reiteró que en una ocasión dio un "servicio de asesoría financiera" a esa empresa "de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público" y mostró la factura que le entregaron por ese servicio.

Kuczynski también indicó que Westfield Capital sí le pertenece, pero dijo que él nunca participó en sus actividades mientras ocupó un cargo público.

"Dicho todo esto, es indispensable que expliquemos lo que realmente está pasando aquí: la corrupción sistemática pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático, es así de claro y así de grave", enfatizó.

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La permanencia de Kuczynski en la presidencia se ha puesto en entredicho en las últimas horas después de que la oposición política en el Congreso, que lidera el partido fujimorista Fuerza Popular, manifestara de manera casi unánime que debe renunciar, o será destituido, por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

El presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, adelantó que el pleno del legislativo analizará el viernes el mensaje del gobernante y escuchará la posición de cada una de las bancadas sobre el tema.

Kuczynski como presidente

La permanencia en el cargo como presidente para Kuczynski, pende este viernes de un hilo, después de que la oposición política en el Congreso manifestara de manera casi unánime que debe renunciar tras revelarse sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Ante esto, el partido fujimorista Fuerza Popular, cuya líder Keiko Fujimori también está siendo investigada por la Fiscalía por presuntamente haber recibido financiación de Odebrecht, salió este jueves al frente para exigir la renuncia del gobernante.

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, declaró que "es evidente" que la permanencia de Kuczynski en el máximo cargo "es insostenible" y que el pueblo peruano exige "que renuncie" para que el vicepresidente Martín Vizcarra asuma la jefatura del Estado.

La bancada opositora izquierdista del Frente Amplio pidió, por su parte, que el Congreso declare la vacancia presidencial, se convoque a nuevas elecciones y se cambie la Constitución política del país.

El portavoz de la bancada del Partido Aprista Peruano (PAP), Mauricio Mulder, adelantó que si el presidente no renuncia se sumarán al pedido de vacancia planteado por el Frente Amplio.

La líder de la también alianza izquierdista Nuevo Perú, Verónika Mendoza, declaró, a su turno, que si Kuczynski no puede aclarar las dudas sobre sus vínculos con Odebrecht "que renuncie".

Desde el oficialismo, que sólo tiene 18 legisladores, los parlamentarios Guido Lombardi y Gilbert Violeta pidieron esperar un pronunciamiento del gobernante y dijeron que confían en que aclarará su relación con la constructora brasileña.

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Más allá de los pronunciamientos políticos, la situación de Kuczynski es sumamente complicada, porque el fujimorismo ocupa 71 de los 130 escaños en el Congreso y el reglamento indica que, para destituir a un gobernante, se requiere de 86 votos.

A los del fujimorismo, se podrían sumar el de la legisladora independiente Yeni Vilcatoma, quien fue la primera en pedir la renuncia de Kuczynski hace una semana, otros diez del Frente Amplio y cinco del Partido Aprista.

A la expectativa se estaría de la decisión de los diez de Nuevo Perú, los nueve del partido centrista Alianza Para el Progreso y otros cinco de Acción Popular, además de un independiente.

Ante este panorama, el exministro y exlegislador Antero Flores recordó en el Canal N de televisión que entre las razones para que el Congreso declare la vacancia presidencial está "la incapacidad moral permanente" del gobernante.

El también jurista precisó que esta tiene que ser solicitada por, al menos, 26 congresistas y para que sea admitida a debate en el pleno se necesita la aprobación de un mínimo de 52 congresistas.

Para que se apruebe, y el gobernante sea destituido, se requiere de dos terceras partes de los 130 congresistas, es decir 86 votos.