Con la condena a 55 años de prisión, el país aspira a que termine el reinado de Juan Francisco Gómez Cherchar, uno de los más emblemáticos personeros de la mezcla violencia-corrupción-política, que ha contaminado los partidos, las elecciones y la vida pública del país. Desde 1994, cuando ordenó el asesinato del concejal Luis López Peralta, denunciante de sus manejos como alcalde de Barrancas, Kiko Gómez apeló a la violencia como medio para forjar el que pareció indestructible feudo electoral en La Guajira y Cesar, con influjo en la política nacional.

La ambición de Kiko Gómez dejó 131 muertos, documentados en valiente investigación del periodista Nicolás Guillén, con León Valencia y Ariel Ávila. Su interés por los crímenes, asociados al paramilitarismo, que empañaron la política en La Guajira y Cesar, surgió con el asesinato de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas y víctima antes del asesinato de su esposo y el escolta que lo cuidaba. El crimen, ocurrido en agosto de 2011, alertó a los analistas y al entonces director de Cambio Radical, senador Carlos Fernando Galán, quien carga la frustración de su fracasado intento de que con la revocatoria del aval que ya le había concedido el partido, el Consejo Nacional Electoral reaccionara a tiempo y le anulara su inscripción en elecciones que le permitieron al hoy condenado llegar a la Gobernación de su departamento. Aunque su destitución en 2013, luego de su captura por los tres crímenes de sus contradictores políticos, truncó la carrera que había sido facilitada por el partido del vicepresidente Vargas Lleras, Gómez mantuvo su poder. En efecto, en 2015 consiguió su reelección, por interpuesta persona, al llevar a Oneida Pinto, su aliada, a la Gobernación, otra vez con el aval de Cambio Radical. 

El poderío político del exgobernador fue caldo de cultivo para la leyenda de su inimputabilidad penal o disciplinaria, que encubrió su creciente ilegalidad. Esta fue manto para que abusara de los recursos de regalías del carbón, que desde 2012 tienen montos anuales alrededor de $450.000 millones, según datos de Cerrejón. También para que recibiera el manejo de los contratos de obras públicas, inversión social y gestión, en el departamento que hoy enfrenta la tragedia de ser el líder de la muerte de niños indígenas a consecuencia de desnutrición, además de padecer atraso en los servicios públicos y serios déficits educativos. La dimensión de la tragedia que este personaje ocasionó en su departamento explica la severidad de la sentencia proferida por el juez octavo penal de Bogotá, que lo condenó a 55 años de cárcel por el asesinato de la exalcaldesa Brito, así como los de su esposo Henry Ustariz y Wilfrido Fonseca, el escolta que lo acompañaba en 2008. En tanto individual, el proceso contra Kiko Gómez arriesga ser otra triste anécdota de la política colombiana, si no se adopta como ejemplo que traiga luz para las necesarias reformas de los partidos y las instituciones electorales.

En análisis previo a la instalación de la Mesa electoral especial, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, reclamó de Cambio Radical, partido que avaló a Gómez, asumir la responsabilidad política por permitir la consolidación de su poderío. Su alerta recuerda la imposibilidad de aplicar la Ley 1475 de 2011, inspirada por Germán Vargas, como medio para disciplinar al partido que acompañó una candidatura que entonces se sabía teñida de corrupción y crímenes. También porque las normas no controlan al Consejo Nacional Electoral, autoridad que no ejerce sus potestades para garantizar que en materia electoral se prefieran los máximos legales, que protegen a los ciudadanos, sino las máximas garantías que permiten a criminales y corruptos tomar el Estado como feudo protector de sus prácticas antisociales. 

Ahora, la Mesa electoral surgida del acuerdo con las Farc puede ser instrumento para ampliar favorabilidades a esa organización, empeñada en irrumpir en los cargos de representación popular, así no haya hecho dejación de sus armas ni emitido convincentes declaraciones y compromisos de renunciar absolutamente y para siempre a la violencia y el amedrentamiento de sus contradictores como herramienta válida. Pero debe también ser fuente de transformaciones que den legalidad y transparencia al ejercicio electoral. Para garantizar que cumpla esos propósitos, están ciudadanos defensores de la transparencia política y los derechos, como Elizabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia, quien destacó el papel del organismo como responsable de recomendar las normas que creen, hacia las próximas elecciones, “un nuevo sistema electoral que le dé garantía a todos los partidos políticos, a todos los ciudadanos de que su voto efectivamente va a ser respetado y no va a ser objeto de manipulación”.