La infiltración comunista en la jurisdicción ordinaria la hace tan tóxica como la misma JEP
El minucioso análisis de Rafael Nieto Loaiza sobre el montaje judicial con el que un senador siniestro, tres periodistas sensacionalistas y varios magistrados aparentemente coluidos pretenden llevar a la cárcel al expresidente Uribe es espeluznante.
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Pocas veces en la vida me he dado cuenta con mayor claridad de la importancia capital que tiene el principio de imparcialidad judicial. Cuando estos órganos se convierten en mecanismos político-criminales al servicio de la dinámica revolucionaria, un país empieza a estar dominado por agentes de la mayor perversidad, comprometidos en cábalas aterradoras, o ya ha llegado al Gulag.
Escuchando a ese gran jurista, no podía dejar de interrogarme sobre la índole moral de los togados capaces de participar en tan viles maquinaciones, ni de acordarme de una prodigiosa descripción de esos individuos: “El juez envía primero a sondear la opinión de quienes están en el poder, después de lo cual puede colgar o absolver, guardando estrictamente las formalidades de la ley (…) Ahora debe saberse que esos jueces son personas señaladas para decidir toda clase de controversias (…) y están escogidos entre los abogados más diestros (…) que habiendo sido toda su vida harto predispuestos contra la verdad y la equidad, tienen tal necesidad de favorecer fatalmente el fraude, el perjurio y la presión, que he visto a varios de ellos rechazar a los que tenían razón (…) antes de contradecir en algo su condición”. Jonathan Swift. Gulliver, cap. V. Viaje al país de los jui-juins.
Nada hay muevo bajo el sol: toda revolución requiere monstruos judiciales, desde la Francesa, con Fouquier- Tinville y la Rusa con Vichinsky, hasta la soterrada que avanza en Colombia, porque la infiltración comunista en la jurisdicción ordinaria la hace tan tóxica como la misma JEP, donde para torcer la ley ya no habrá necesidad de caretas, dobleces o esguinces.
En las circunstancias terribles que rodeaban la “depuración” de Francia en 1945, el jefe comunista Maurice Thorez apremiaba a los jueces a “juzgar con odio”. Esa recomendación extremista resume el papel de la justicia cuando esta se pone al servicio de la revolución. En Colombia, desde hace algunos años se juzga con odio, desconociendo la ley, los principios fundamentales del derecho, la equidad y el debido proceso, elementos esenciales de la democracia, tan importantes como, y hasta superiores, a la mera observación de formalidades electorales. ¡Y si la arbitrariedad judicial pasa desapercibida por obra y gracia de la complicidad mediática, los días del estado de derecho están contados!
La democracia no puede coexistir con altas cortes confabuladas en su contra, ni con la promulgación de la falsedad histórica como verdad oficial y obligatoria, impuesta desde la escuela primaria.
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