Qué fuerte es el contraste entre Colombia y otros países latinoamericanos que también persiguen a beneficiarios de los sobornos, así fueran disfrazados de donaciones, de esa multinacional de la corrupción
La captura del senador cordobés Bernardo Ñoño Elías y la amplia divulgación de los que serían sus vínculos con la multinacional corruptora Odebrecht dan una respuesta parcial y amañada de la justicia a las presiones de los medios e influenciadores de opinión cercanos a la casa presidencial, claros exponentes de las características que jueces y fiscales de Antioquia describieron como "el estado de opinión".
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La publicitada actuación de la Fiscalía General de la Nación no muestra, sin embargo, resultados comparables con los de independientes órganos de justicia que en otros países latinoamericanos se han enfocado en investigar y castigar a las cabezas receptoras de la cascada de sobornos con que Odebrecht compró voluntades de distintos gobiernos en el continente.
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El país con más importante recorrido en la investigación de los sobornos de Odebrecht a los políticos es, a no dudarlo, Perú. El firme sistema judicial peruano ha proferido órdenes de captura contra los expresidentes Ollanta Humala y su esposa, medida ejecutoriada por su entrega a la justicia, así como a Alejandro Toledo, hoy prófugo. También son notables los pasos dados por la justicia brasileña contra el presidente Temer y los expresidentes Rousseff y Lula; así como los avances en Panamá y El Salvador en procesos contra los expresidentes Ricardo Martinelli y Mauricio Funes, este último protegido mediante asilo de su amigo Daniel Ortega.
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Estos pasos delante de otros países en el esclarecimiento de la corrupción en su más alto nivel, la Presidencia de la República, hacen lamentablemente notorias las precarias actuaciones de la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral en la investigación a la entrega de recursos de Odebrecht a la campaña Santos presidente 2014, proceso en el que ambas instituciones han tocado las puertas de la Presidencia para luego dar muestras de su desinterés en penetrarlas hasta develar y castigar las ilegalidades denunciadas.
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