El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Tsjc) tomó este jueves el control de las actuaciones para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, y ordenó a la Policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.

A cuatro días de la fecha fijada por el Gobierno catalán para celebrar el referéndum, la magistrada del Tsjc Mercedes Armas ordenó a la Policía catalana, conocida como Mossos d'Esquadra; y a la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.

Por su parte, con el fin de aumentar la fuerza pública y brindar mayor seguridad, según un video publicado en el Twitter de  Jonathan Martínez‏ @jonathanmartinz, desde el pasado lunes la Guardia Civil salió desde Cádiz camino a Cataluña al grito de "¡voltarén! ¡voltarén!". Voltarén hace referencia a una crema en gel para aliviar el dolor.

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La juez solicitó también a la Fiscalía que cese en sus "diligencias, actuaciones e instrucciones" sobre el referéndum ilegal, ya que será ella quien asuma las próximas directrices, tras semanas en que las que el Ministerio Público ha llevado la iniciativa.

No obstante, la magistrada avaló en su auto judicial la decisión de la Fiscalía de ordenar el precinto de los locales designados como puntos de votación y de que sea un cargo del Ministerio español de Interior quien coordine el operativo policial contra la consulta.

En una de sus últimas instrucciones, la Fiscalía ordenó a las policías locales garantizar que el material electoral propiedad del Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, fundamentalmente urnas, sean utilizados para el referéndum.

La Fiscalía dispuso también que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyaran si fuera necesario a los Mossos d'Esquadra, después de que la policía catalana expresara sus reticencias a la orden de precintar los locales del referéndum antes del próximo sábado.

El jefe operativo de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió este jueves a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, aunque alegó que se ajustarían a los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia", ante el riesgo de alteraciones en el orden público.

Grupos independentistas han pedido a sus activistas que se concentren en las escuelas para permitir que sean utilizadas el 1 de octubre e impedir que las fuerzas de seguridad las clausuren.

En este contexto se enmarca la advertencia del jefe de los Mossos, ante el temor de que una intervención policial ante un grupo de concentrados pueda degenerar en desórdenes.

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La seguridad y el orden público también estuvo presente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que el refuerzo de policías y guardias civiles en Cataluña se mantendrá "mientras sea necesario".

Otros grupos, como los socialistas (Psoe) y los liberales (Ciudadanos) hicieron llamamientos al ejecutivo catalán para que retire su pretensión de una consulta y recupere el diálogo con el Gobierno español.

También llamó al diálogo y a una solución basada en el respeto a las leyes, la Conferencia Episcopal Española (CEE), después de que más de 300 sacerdotes y diáconos catalanes firmaran un manifiesto de apoyo a la independencia y, posteriormente, otros 400 religiosos pidieran la mediación del papa Francisco a favor de la consulta.

Desde las filas secesionistas, el presidente catalán Carles Puigdemont, convocó para este jueves la llamada Junta de Seguridad de Cataluña, un organismo que agrupa a los responsables en ese ámbito tanto de carácter estatal como regional.

La convocatoria es otra muestra de la distancia entre el Gobierno español y el autonómico, porque la reunión debe hacerse por iniciativa de ambas partes y Puigdemont ha optado por hacerlo de
modo unilateral.