El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió la ley del Parlamento de Cataluña que regula el referéndum sobre la independencia de esta región autónoma española y también el decreto que lo convoca para el 1 de octubre próximo, firmado por el Gobierno catalán.

El TC aceptó tramitar los cuatro recursos del Ejecutivo español contra todas las normas sobre el referéndum aprobadas este miércoles por la mayoría secesionista de la cámara legislativa y las autoridades políticas catalanas, lo que implica su suspensión automática y cautelar hasta que haya una sentencia del tribunal.

El TC, a instancias del Ejecutivo, decidió notificar esta decisión a todos los miembros del Govern y a más de 60 altos cargos de la Generalitat; a la Mesa del Parlament; a los 947 ayuntamientos catalanes; a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros. 

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En una decisión adoptada por unanimidad, les recuerda a todos ellos la obligación de obedecer a la prohibición y se les apercibe de que, en caso de no hacerlo, se enfrentan a "eventuales responsabilidades, incluida la penal".

Las resoluciones suspendidas son la ley del referéndum, el propio decreto de convocatoria del referéndum, la resolución de la Cámara catalana por la que se designó a cinco miembros de la Sindicatura Electoral, y las normas complementarias que acompañan el decreto de convocatoria.

La suspensión cautelar de esas resoluciones es automática una vez que el Tribunal Constitucional -reunido esta tarde durante hora y media- ha admitido a trámite los escritos del Gobierno.

"Lo que no es legal no es democrático", argumentó este jueves el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, al informar a la prensa de la presentación de los recursos.

Añadió que defenderá "el imperio de la Ley" y hará todo lo necesario, "sin renunciar a nada", para evitar el proceso secesionista.

"En España se puede ser independentista. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo", remató.

Rajoy recibió este jueves el respaldo total del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, y el del partido Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, con los que se reunió por separado.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, anunció una querella contra el Gobierno regional de Cataluña por el decreto de convocatoria, que se suma a la que se presentará contra los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán que permitieron la tramitación de la ley del referéndum.

A pesar de ello, las autoridades catalanas siguen adelante con los planes de celebrar la consulta de autodeterminación ese día, algo que el Ejecutivo central considera ilegal.

"Ya puede tronar, nevar o hacer mucho viento. Nosotros haremos esto porque es nuestro contrato con los ciudadanos de Cataluña", argumentó el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, la Mesa decidió tramitar la proposición de "Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (catalana)" para que sea debatida y votada por el pleno del Parlamento, con la oposición de los partidos catalanes contrarios a la independencia.

Frente a las decisiones de los independentistas para celebrar el referéndum, el Consejo de Ministros español decidió, en una reunión extraordinaria, presentar los recursos correspondientes con el aval de los dictámenes del Consejo de Estado (CE), máximo órgano consultivo.

El CE considera que la ley catalana es inconstitucional "en grado máximo". Recuerda que la convocatoria de un referéndum es competencia exclusiva del Estado y, por tanto, ni el Parlamento ni el Gobierno autonómicos tienen competencias para ello.

Además, las comunidades autónomas (regiones), y en este caso Cataluña, "carecen de los atributos de soberanía" que son "exclusivos del pueblo español" en su conjunto.

El Ejecutivo español pidió al Tribunal Constitucional la nulidad de las normas catalanas y que se notifique "personalmente" la suspensión de las mismas al presidente regional, Carles Puigdemont, a todo su gobierno y otros cargos principales relacionados con el referéndum.

Igualmente, se solicita la notificación de la suspensión a todos los alcaldes de los municipios catalanes y que se les advierta del "deber de impedir o paralizar" cualquier medida tendente a la organización de la consulta. 

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De hecho, Puigdemont comunicó por carta a los alcaldes catalanes que está previsto utilizar para el referéndum los colegios electorales habituales en los comicios ordinarios.

Según un decreto complementario, también recurrido por el Ejecutivo español, la pregunta del referéndum -ya conocida- estará escrita en catalán, español y aranés (legua de un valle catalán de los Montes Pirineos): "Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república".

Los miembros de las mesas electorales se designarían por sorteo y tendrían la "obligación" de presentarse si son elegidos.

Podrían votar los mayores de 18 años inscritos en el censo electoral, e incluso los que cumplan la edad el día de la votación.

Los residentes en el extranjero deberán haber solicitado formalmente la participación en la votación, y en Cataluña el voto será presencial con el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o permiso de conducir españoles para identificarse.