El juez determinó este viernes, en la audiencia preparatoria del juicio contra Santiago Uribe por su presunta participación en el grupo paramilitar los 12 apóstoles, que la sustentación del recurso de apelación de su defensa será el próximo 27 de octubre. 

En el desarrollo de la audiencia de este viernes, el juez desestimó 20 de las 28 pruebas testimoniales que la Fiscalía aspiraba validar en el juicio, así como tres pruebas documentales, según criterio del juez por ser reiterativas. Entre los testimonios admitidos están el exjefe paramilitar Julián Bolívar; Luis Ernesto Espinel, alias el reñojero; y el mayor retirado del Ejército, Juan Carlos Rodríguez, alias zeus, condenado por vínculos con el cartel del Norte del Valle.

En cuanto a las pruebas solicitadas por la defensa de Uribe y rechazadas por el juez están los testimonios de los comandantes que tuvo el batallón Girardot entre 1994 y 1999, del exfiscal y el procurador de la época, Alfonso Gómez Méndez, y Jaime Bernal Cuéllar, y tampoco el de alias monoleche.  En total, de los 49 testimonios pedidos por la defensa de Uribe, se aceptaron sólo nueve.

La defensa también había solicitado ampliar la declaración de Álvaro Uribe Vélez entregada en noviembre de 2014, justificando que era “necesario y conveniente que aclare y amplíe su declaración en varios aspectos sustanciales para el proceso, pues no se habían tenido algunas declaraciones de personas que hicieron acusaciones” contra los hermanos Uribe Vélez como algunos paramilitares como don berna, don mario y salvatore mancuso. 

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Pero el juez desestimó la petición argumentando que Álvaro Uribe Vélez “no es persona vinculada a esta actuación penal y que la responsabilidad penal es de carácter individual”.

También en la audiencia, el abogado Jaime Granados aclaró que el hermano del expresidente Uribe no busca someterse a la Justicia Especial para la Paz, “jamás hemos considerado la posibilidad de una justicia que no ofrece ningún tipo de garantías, que es, en nuestra opinión, contraria al ordenamiento jurídico. Pero que conforme a la Corte Constitucional es acorde con la constitución. Nosotros no hemos pedido, ni esperamos jamás, nada de esa mal llamada Justicia Especial para la Paz”, declaró Granados.

La defensa de las víctimas también se pronunció y dijo que confía en que el proceso no se dilate más de lo necesario y que se haga justicia para las más de 500 víctimas entre 1990 y 1998 de las que se acusa a los 12 apóstoles y que presuntamente era liderada por Santiago Uribe, a quien la Fiscalía le imputó cargos por delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, y quien se encuentra actualmente privado de la libertad en una guarnición militar en el Oriente antioqueño.