Un juez de Estados Unidos ordenó este miércoles al presidente, Donald Trump, que reactive parcialmente el plan Daca para jóvenes indocumentados y siga recibiendo solicitudes hasta que se resuelvan todos los desafíos legales pendientes en diferentes tribunales del país.

El juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, emitió este martes su decisión, en la que califica de "arbitraria y caprichosa" la determinación que Trump tomó el pasado septiembre para acabar con el Daca y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.

El plan Daca (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) fue promulgado en 2012 por el entonces presidente del país, Barack Obama, para proteger de la deportación y otorgar un permiso de trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como "soñadores".

Puede interesarle: Trump dejará sin protección migratoria a más de 250.000 salvadoreños

En el fallo emitido este miércoles, el juez Alsup considera que el Gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a Daca por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección. Sin embargo, no pide al Gobierno de Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa Daca.

El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios del Daca, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un "daño irreparable" si la extinción del programa sigue adelante. Con el fin de evitar ese daño, el juez ordenó a Trump mantener parcialmente vivo el programa hasta que haya una solución definitiva en todos los litigios pendientes.

Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, donde viven 238.000 "soñadores".

Esos estados alegan que el fin del Daca perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente. La decisión adoptada por el juez Alsup, que fue nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton, tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.

Al respecto, en un comunicado, uno de los portavoces del Departamento de Justicia, Devin O'Malley, aseguró que su Gobierno"continuará defendiendo enérgicamente" en las cortes que el Daca fue promulgado por Obama de forma "ilegal" y, ante ello, "espera hacer valer su posición en futuros litigios". O'Malley no aclaró si el Ejecutivo piensa recurrir concretamente la orden emitida esta noche.