La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió este lunes su tercer caso para investigar los "falsos positivos", como se le conoce en el país al asesinato de civiles a manos de militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

El organismo priorizó esta investigación por "la gravedad y magnitud del fenómeno, por su extensión en el territorio nacional" y por "el número y representatividad de los presuntos responsables", informó la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), Catalina Díaz, en una rueda de prensa en Bogotá.

El proceso llevará ante el tribunal a 1.944 miembros de la fuerza pública que ya han manifestado su voluntad de comparecer ante la JEP, relacionados con 2.586 casos de "falsos positivos", aunque la Sala no descarta ampliar el número de comparecientes a medida que avance el caso.

La JEP, el organismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, usará como base informativa el informe que recibió de la Fiscalía sobre estos hechos, que registraba 2.200 "falsos positivos" entre 1988 y 2014.

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Este informe determinó que el fenómeno "se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008", los años en los que se concentran el 59,3 % de los casos.

El comandante del Ejército en ese periodo, general retirado Mario Montoya, decidió someterse a la JEP la semana pasada, según anunció ese tribunal.

Según la JEP, las divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército "concentran cerca del 60% de los casos".

"En estas unidades están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar", aseguró el magistrado Óscar Parra.

A partir de este lunes se abre la etapa para conocer las versiones de los militares y otros integrantes de la fuerza pública, por lo que se prevé que en las próximas semanas la JEP llame a comparecer a los primeros involucrados.

Este es el tercer caso abierto por el organismo de justicia transicional, después de haber comenzado las investigaciones sobre los secuestros perpetrados por las FARC en el caso 001 y la violencia contra la población mayoritariamente indígena de tres municipios en el caso 002.

Los "falsos positivos" son uno de los hechos del conflicto armado que más ha impactado a la sociedad colombiana, ya que muchas de las víctimas eran hombres jóvenes de pocos recursos reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.

Según el informe de la Fiscalía, el 45% de las víctimas eran campesinos y el 30% se dedicaba a actividades productivas informales en las ciudades.

Sin embargo, la JEP agregó que "los perfiles de las víctimas incluyen defensores de los derechos humanos, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres, de las víctimas y las minorías", así como "lesbianas, gais, bisexuales y transgénero", personas "con discapacidad física o mental" y "miembros de comunidades indígenas".

Se han registrado casos de "falsos positivos" en al menos 27 de los 32 departamentos del país, aunque la mayoría se concentraron con gran diferencia en Antioquia, con el 29,4 % de estos asesinatos.