Con la negación de la licencia a Isagén para la central hidroeléctrica Cañafisto, en el Cauca Medio antioqueño, Corantioquia y la Anla sirvieron un banquete al poderoso lobby ambientalista y ofrecieron excusa incomparable a Brookfield, nueva dueña de la generadora, para renunciar a los proyectos de amplio alcance, que demandan planear en el largo aliento y compromisos significativos con la gestión social y ambiental en los territorios donde se construyen.

Expertos en tergiversar datos, exagerar daños y ocultar hechos significativos, los lobistas que usan la sensibilidad ambiental para combatir iniciativas de desarrollo integral, aprovecharon la información oficial sobre la deforestación del bosque seco tropical, del que se afirma sólo queda el 8% del original, para atribuirla a la construcción de centrales hidroeléctricas como El Quimbo, en Huila, Hidroituango y Cañafisto, estas de Antioquia. Con habilidad comparable a la que han tenido los fanáticos atacantes de la construcción del tramo Tapón del Darién de la carretera Panamericana, los lobistas reclamaron defender la supervivencia de algunas especies de fauna, sin demostrar a profundidad la amenaza.

En su argumentación, aceptada por burócratas del Ministerio del Medio Ambiente que con un plumazo sepultaron décadas de trabajo, los pregoneros de desastres ocultan la incidencia, esa sí desastrosa para el bosque seco tropical y las especies de fauna que acoge, de actividades ilegales consolidadas en esa zona, gracias al cobijo que le ofrecen los silencios de Corantioquia y otras autoridades. La minería ilegal en torno a la cuenca del río Cauca, los cultivos ilícitos, y la potrerización de los predios, actividades realizadas sin proyecto ni compromiso ambiental, han sido culpables de erradicar los bosques y afectar la seguridad en la región. También silencian los beneficios demostrados de hidroeléctricas en operación, como los que llevaron las centrales Porce II y Porce IV al norte de Antioquia, o de aquellas en construcción, como los que ha irrigado Hidroituango a los doce municipios de su zona de influencia. Negado el permiso, el proyecto de la Provincia de Cartama y los siete municipios directamente impactados resignan sus esperanzas de albergar una iniciativa transformadora, para bien, de la vida, las comunidades y los ecosistemas.

En escueto comunicado la Anla notificó una decisión con la que Isagén queda obligada a enterrar una idea en la que ha trabajado, progresivamente, desde los años ochenta del siglo pasado. En efecto, desde el gobierno de Belisario Betancur se empezó a desarrollar la idea de este proyecto aguas arriba de Ituango; en años posteriores se definió su capacidad de generar 975 megavatios y el área a impactar. Entonces, se entendió una de las iniciativas pilares del futuro de Isagén y del desarrollo hidroeléctrico de Antioquia. A cambio de un proyecto que atendería las necesidades de la economía con generación confiable, acumulable y sostenible, la autoridad ambiental ha notificado que sí permite los proyectos Mulatos 2, de Integral, que tendrá capacidad para generar 7,5 megavatios, y Agua Fresca, apto para generar 8 megavatios. Los medios de comunicación que entienden las decisiones, algunos de ellos militantes contra el modelo, han señalado su significado como nota mortuoria de la generación de energía eléctrica. De ellos, pocos han explicado que esta acta de defunción conduce al país a depender cada vez más de las centrales térmicas, que usan hidrocarburos y presentan menor eficiencia energética y ambiental, y de las energías que se defienden como de gran limpieza, como la eólica, la solar o la generada desde las basuras.

Como lo habíamos pronosticado en previos editoriales sobre la venta de Isagén, es posible pensar que dicha empresa no va a hacer muchos esfuerzos por revertir la decisión de las autoridades ambientales, pues estos proyectos los emprende más fácil una empresa estatal que entre sus réditos cuenta el desarrollo social y ambiental que demanda cuantiosas inversiones. Con este revés inicia un limbo para los planes nacionales, ralentizados en los últimos cuatro años, de construir la línea de interconexión con Panamá, que sería vehículo para exportar hidroenergía a Centroamérica, México y el sur de Estados Unidos. Con la decisión, Antioquia debe escoger si se resigna a admitir que el centralismo (o el desinterés de la nueva Isagén en proyectos como éste) le niegue posibilidades de seguir gestionando conocimiento, desarrollo y riqueza con la generación hidroeléctrica, o si la ve como oportunidad para solicitar que su socio natural, EPM, recoja el proyecto, redefina los aspectos que han molestado a la burocracia ambiental y reclame su derecho a desarrollar el potencial hidroeléctrico del río Cauca.