Según la vicefiscal María Paulina Riveros, la nueva línea de investigación se origina por un contrato entre el Ministerio de Transporte y el consorcio Ruta del Sol.
La Fiscalía investiga si la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos por 4.000 millones de pesos colombianos para asegurarse de que no le cambiarán la norma del impuesto al patrimonio en el contrato de la carretera Ruta del Sol, informó este miércoles la entidad.
La vicefiscal general, María Paulina Riveros, dijo a la prensa que la “nueva línea de investigación” por corrupción tiene origen en un contrato de estabilidad jurídica firmado el 31 de diciembre de 2012 entre el Ministerio de Transporte y el consorcio Ruta del Sol.
La funcionaria explicó que “el objeto del contrato fue lícito” pero la entidad estableció que “para afianzar el trámite del contrato, Odebrecht habría pagado la suma de 4.000 millones de pesos desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Brasil”.
Para esos efectos Odebrecht al parecer buscó “los oficios del intermediario Federico Gaviria, quien a su vez habría contado con la participación del exsenador Otto Nicolás Bula para que por medio de sus influencias intercediera en los ministerios competentes”, explicó la vicefiscal Riveros.
Por los hechos, la Fiscalía imputará cargos a Gaviria, detenido en julio pasado, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Gaviria fue arrestado como parte de la investigación para esclarecer el pago de sobornos de Odebrecht para obtener el contrato de la concesión vial Ruta del Sol II, encargada de construir unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la costa atlántica, y que todavía no está terminada.
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La detención de Gaviria se realizó por las confesiones del exsenador Otto Bula, actualmente preso, quien recibió 4,6 millones de dólares de la compañía brasilera para la adjudicación del contrato Ruta del Sol Fase II.
Según las investigaciones, Gaviria actuó como una especie de estructurador del negocio y movió influencias con el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien aceptó que recibió un soborno de 6,5 millones de dólares de Odebrecht y quien también está en prisión.