Asegurando la continuidad en la prestación del servicio energético en la costa Caribe, y apoyados en la Ley 142 de 1944, avanza el proceso de intervención a la electrificadora, que se definiría a más tardar en marzo del 2017.
Luego de que el Gobierno Nacional avalará préstamos bancarios por valor de $320.000 millones, gestionados ante el Fondo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Superintendencia de Servicios Públicos manifestó que con esta acción busca reducir el riesgo de una limitación de suministro a los usuarios de la intervenida comercializadora de energía Electricaribe.
Por su parte, la administradora del mercado de energía XM aseguró que el proceso fue debidamente cancelado, al ver efectivas las garantías por valor de $27.738 millones. Un proceso que fue suspendido cuando se encontraba en la etapa de envío del programa de limitación de suministro que “comprende aquellos circuitos a desconectar, excluyendo bienes constitucionalmente protegidos y sujetos de especial protección”, justo a un paso de informar en prensa a los usuarios y hacer efectiva la limitación del servicio de energía.
Según el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, el riesgo de que se genere una limitación del servicio en este momento en la Costa Caribe es inexistente.
“La compañía está en una situación compleja, estamos tratando de descongelar sus finanzas, de ponerla a funcionar porque la recibimos en una crisis tanto técnica como financiera. Una vez hagamos esto, nos concentramos en mejorar la calidad del servicio en la región”, explicó a un medio radial el funcionario.
Y es precisamente sobre esta nueva etapa de Electricaribe en la que queda la duda sobre ¿qué pasará con el dinero público que se está invirtiendo en este privado?, cuestión ante la que el superintendente aclaró en entrevista con un medio nacional que el proceso de intervención está debidamente regulado por la ley, y que de ninguna manera se trata de “maquillar una empresa para volverla a entregar”, apuntando a que se tiene como fecha última el 15 de marzo de 2017 para definir si la compañía es liquidada o toman posesión oficial de ella.
Desde la perspectiva de Edgardo Sojo, actual presidente de Electricaribe, las garantías soberanas que otorgó el Gobierno para respaldar la compra de energía, aunque han sido lentas, ya han generado la confianza suficiente para lograr la adjudicación, por proceso de convocatoria, de 2.277 GWh, lo que les brindaría estabilidad en la prestación del servicio a los siete departamentos en los que mantienen operaciones actualmente.
Sobre la confianza que actualmente ha perdido la empresa, el directivo reconoció también que en administraciones pasadas no se cumplieron los proyectos de mejoramiento anunciados, al afirmar que “no se estaban supliendo las necesidades que eran urgentes para los usuarios”. Sojo enfatizó que para la temporada decembrina los turistas pueden tener plena seguridad en el servicio eléctrico de la Costa Caribe, y finalmente se comprometió a que en la temporada alta no habrá apagones, gracias a los esfuerzos conjuntos del Gobierno y la nueva administración de Electricaribe.