Con más de 200.000 hectáreas de coca, con cultivos de amapola que ya empiezan a notarse, con una producción del orden de 800 a 1.000 toneladas anuales de cocaína, con ese alcaloide convertido quizás en el primer renglón de exportación y señoreando el tráfico mundial de estupefacientes, Colombia es ya, en buena parte, un narcoestado. Nada más doloroso que reconocer ese hecho ominoso. Por tanto, seguimos pensándonos como país postcafetero y postpetrolero, para no reconocer la triste y obvia conclusión de las anteriores premisas.

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En 1945, Luis Eduardo Nieto Arteta, con su clásico libro El Café en la Economía Colombiana, señaló cómo el poder político había pasado de las sucesivas y efímeras élites agrarias, comerciales y mineras, a los cafeteros, capaces de ofrecerle al país un flujo seguro y creciente de divisas. Desde luego, vale la pena señalar la diferencia entre el café, con su portentoso aporte al desarrollo nacional, y la cocaína, que después de destruir la fisonomía moral del país, ahora va a apuntalar de manera inmoral y vergonzosa la balanza de pagos. En las condiciones actuales, el relevo en los grupos rectores es bien diferente en lo que dice al personal. No es comparable la sustitución, en aquella época, de los gramáticos por los ingenieros, gerentes y economistas, que proyectaron a Colombia hacia la modernidad y el desarrollo, que el acceso, ahora, de los señores de la coca al poder político.

Ahora bien, si todavía no somos plenamente un narcoestado, como lo han sido Birmania y Afganistán, por ejemplo, vamos en camino de convertirnos en algo parecido o hasta peor. La caída de un país moderno, en desarrollo y bastante próspero hasta ahora, en narcoestado trae trágicas consecuencias para todos.

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Así como temerariamente escribía contra el poder político-mafioso de los Pablo y similares, también repudio el de sus sucesores en la dirección de esa agroindustria execrable y de su creciente influencia en el gobierno a través del eje Timo –Santos.

A raíz de mi artículo Guerras del Opio y Guerras de la Coca (septiembre 24/ 2017), he recibido valiosos comentarios, unos coincidentes y otros complementarios. Varios de mis corresponsales plantean interrogantes que merecen atenta consideración. He aquí algunos:

1. Si importantes grupos empresariales que han apoyado la paz habanera consideran que con ella no peligra el modelo económico, ¿podrá el sector privado aliarse con las Farc tanto en lo político como en lo económico para obtener nuevos y prometedores negocios?
2. ¿Cómo, ante la degradación medioambiental ocasionada por las plantaciones de coca, no hay protesta de partidos verdes, de grupos ambientalistas ni de autoridades como nuestro Ministerio respectivo?
3. Venezuela, sumida en la miseria, en vez de limitarse a tolerar el paso de la cocaína colombiana, ¿no empezará también a cultivar coca y amapola? ¿La participación de las Farc en la política venezolana no se extenderá también en ese frente?
4. ¿No significará la política antidrogas de Mr. Trump, incluyendo el muro, el retroceso de carteles mexicanos en beneficio de nuevos actores?
5. La duplicación del suministro mundial de coca deprime los precios. ¿Favorece esta situación las operaciones de restricción de oferta, que se logra mediante el decomiso de cargamentos por parte de las autoridades, oportunamente avisadas por el gran cartel colombiano?
6. Ante la claudicación de Colombia, porque la erradicación voluntaria es tan ineficaz como inocua, ¿subsidiar Colombia a la ONU con US $ 300 millones será cosa diferente de una operación hipócrita, costosa y distractora para lavar la imagen de un gobernante responsable del incesante crecimiento de los cultivos?
7. El alarmante y escandaloso incremento en el consumo de alucinógenos entre la juventud colombiana, además de reportar inmensos beneficios, ¿será que también restringe la oferta exportable de la cocaína para mantener sus precios en el exterior?
8. Ante el explicable y timorato silencio de los ministerios del Interior y de los organismos de seguridad frente al narcotráfico local, ¿cómo se explica igual displicencia por parte de los ministerios de Educación y de Salud?
9. ¿Hasta cuándo se mantendrá el régimen de despenalización de la “dosis personal”, que nos legó el más pérfido y disociador de los magistrados, que hace prácticamente imposible perseguir a los jíbaros y demás expendedores y que garantiza tranquilidad a los adictos?

10.  A medida que aumenta la influencia de las Farc en el gobierno, ¿podrá el sistema bancario rehusar las operaciones de clientes “legales”, como Ecomun, y resistir la tentación de lucrarse de los movimientos financieros conexos con el narcotráfico?

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Para justificar las inmensas gabelas otorgadas a las Farc, Rodrigo Botero (uno de los peores ministros de Hacienda) las compara con las “injustificadas” otorgadas a los diferentes sectores económicos, olvidando la mayor, inconveniente como ninguna, que él determinó al privilegiar al sector financiero — que calificó como “jalonador” del desarrollo—, para lo cual liberó tasas, redujo los controles, encareció el dinero y desestimuló la industrialización.