Los últimos actos de las instituciones del Estado han sido deplorables: El gobierno de Santos está materializando, contra la voluntad popular expresada en plebiscito, su pacto con las Farc repleto de impunidad, con una comisión de verificación bipartita que ya gobierna a Colombia, como que dará el visto bueno a lo que se presente en el Parlamento y a la puesta en marcha de lo acordado.

El Congreso y la Corte Constitucional hicieron su tarea: esta, en un comunicado -curioso e ilegal, a propósito, que nunca presente a tiempo sus sentencias y el país trabaja sobre resúmenes de prensa- dijo, contradiciendo su anterior fallo, que la consulta a los ciudadanos era apenas parte de un proceso, en el que un órgano representativo, por ejemplo, el Parlamento, daría el paso adicional de decidir si lo acordado en La Habana tenía validez, dándole a ese órgano las facultades que corresponden al pueblo como depositario de la soberanía y del poder. Como si las decisiones democráticas constituyeran un engranaje en el que en alguna de sus partes se puede cambiar el sentido de lo determinado por los colombianos y como si la Corte pudiese delegar su función de guardiana de la Constitución. Y, claro, allí estaba presta la Cámara de Representantes para afirmar que ella lo validaba y el Congreso completo tramitando las primeras leyes del fast track.

Y por si esto fuera poco, una señora magistrada del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, esposa de alguien que en 2015 firmó un contrato de 125 millones de pesos con Ecopetrol para prestar servicios jurídicos, dictó un auto, no ya quebrándole el sentido a la decisión democrática, convirtiéndola en parte de un proceso que se puede torcer, como hizo la Corte, sino, intentando anularlo jurídicamente, es decir, declarando su inexistencia como mandato de obligatorio cumplimiento, alegando que “se presentaron significativos hechos de violencia psicológica, en la modalidad de fraude al sufragante, cuya incidencia irradia de manera global el acto de elección enjuiciado” http://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/19-12-2016_11001032800020160008100.pdf)

Para la magistrada no hubo referendo válido pues hubo “violencia sicóloga”, porque un director de los 29 comités del no dijo que buscó que la gente votara con “verraquera”. Con ese “argumento” ordena al Gobierno y el Congreso que tramiten el acuerdo de La Habana usando el fast track y simultáneamente solicita a la Corte que “priorice la resolución de las demandas de constitucionalidad en las que deba pronunciarse expresamente sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2016 y en especial sobre el artículo 5° de dicha preceptiva.” Si su argumento se sostuviera, debería investigar al Gobierno, que en boca del presidente Santos dijo que en caso de no ganar el sí, volveríamos a la guerra; para no hablar de la afirmación de la existencia misma de la guerra civil en un país en el que menos

de siete mil guerrilleros enfrentaban al pueblo colombiano a punta de terrorismo. O de las declaraciones del expresidente Gaviria, quien exhortó al colombiano a votar por el sí a ciegas; o la de los negociadores del gobierno, con Santos a la cabeza, que dijeron que no se tocaría la agenda nacional ni se afectaría nuestra democracia.

Hay que decir, en palabras de la senadora Paola Holguín, que “1. El Consejo de Estado no es competente para tomar decisiones frente a actos legislativos ni frente a las leyes. Solamente es competente para conocer de los actos administrativos. La Magistrada, con su decisión, invade la órbita de competencia de la Corte Constitucional. 2. La Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la validez del Acto Legislativo 01 de 2016. Extraña que la Magistrada Ponente inste a la Corte a que se pronuncie rápidamente sobre esas demandas de constitucionalidad, y al mismo tiempo, abusando de la figura de medidas cautelares, decrete vigente el Fast track.” (http://www.opitastereo.com.co/2016/12/comunicado-ante-la-decision-de-la.html).

Y ni hablar de la reforma tributaria, que se aprobará la última semana del año, aumentando el IVA al 19% a productos esenciales de los colombianos, y creará tributos adicionales al combustible, a los planes de internet y hasta a las motocicletas, que son el transporte de los pobres. O del crecimiento del país por debajo del 2%, o de la deuda externa, de 118.820 millones de dólares, que equivale al 41,3% del Pib, algo que no se veía en 13 años (www.portafolio.com).

¿Feliz año 2017? No me atrevo a deseárselos. Será peor al 2016, si los colombianos no reaccionamos.