Antioquia aporta el 15% del total de la deforestación del país con 21.032 hectáreas afectadas.
Minería ilegal, tráfico de fauna silvestre y deforestación son los principales daños ambientales y que más impacto negativo generan en Antioquia, según datos recogidos de las corporaciones ambientales de Corantioquia y Cornare, y un informe de la Universidad Antonio Nariño (UAN).
A estos tres crímenes ambientales, revela la UAN, se suma el asesinato de líderes ambientales y los monocultivos. En Antioquía además existe la particularidad de que, dependiendo de la subregión, los daños o impactos afectan de manera distinta.
Pero ¿Qué dice el informe y qué pasa en el departamento?
Según la Universidad Antonio Nariño, en Colombia la deforestación sumaba 178.597 hectáreas (ha) en 2016. Los reportes del Ideam indican que las principales afectaciones de esta actividad se deben a la concentración de tierras (45%), cultivos ilícitos (22%), infraestructura (10%), incendios forestales (8%), ganadería extensiva (8%) y minería (7%), siendo Antioquía una de las zonas del país más perjudicadas, seguida por Caquetá, Chocó y Meta.
Natalia Zapata, docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UAN, advierte que la deforestación es propia de los territorios mineros o con gran concentración de la tierra, y en donde muchas se dedican al ganado y al monocultivo.
“Cada región se comporta de manera diferente, en Antioquía hay municipios como Buriticá, donde para abrirle paso a la explotación minera se ha afectado el 80% del territorio boscoso”, dice. “Y la tasa de deforestación crece a un ritmo del 12% anual”, agrega.
Corantioquia, por su parte, con una jurisdicción en 80 municipios y más del 60% del territorio antioqueño, advierte que la deforestación tiene gran impacto en la serranía de San Lucas, en municipios como Remedios, Segovia y El Bagre, por ser zona minera, de cultivos ilícitos y traficantes de madera. Otra zona afectada es el norte lejano, municipios como Ituango y Valdivia, por ser un territorio donde abundan los cultivos ilícitos.
En los municipios de jurisdicción de Cornare (Oriente y parte del Magdalena Medio) el área deforestada suma 3.600 hectáreas.
Minería ilegal
Según el informe, al menos seis billones de pesos es lo que dejan de recibir las regiones del país en regalías cada año como consecuencia de esta actividad ilícita.
La Contraloría General de Nación estima pérdidas para el Estado por más de 2.000 millones de dólares cada año, es decir, unos 5,5 millones de dólares cada día por culpa de este negocio ilegal. En Antioquia, y Chocó hay 78.939 hectáreas arrasadas por esta actividad. Nechi, afirma el informe, es el municipio que más minería ilegal tiene con el 8% del área afectada a nivel nacional.
Se calcula que para extraer un gramo de oro a cielo abierto se requiere de 380 litros de agua, 43,6 kilómetros de electricidad (consumo promedio semanal de un hogar), dinamizar y extraer hasta cuatro toneladas de rocas y usar 850 gramos de cianuro de sodio.
Corantioquia estima en 30.000 (equivalente a casi toda la tierra dedicada a la agroindustria ganadera de Urabá) las hectáreas afectadas por la minería, especialmente en el Bajo Cauca y el Nordeste, que son las zonas de mayor tradición en esta actividad.
En contraste, la jurisdicción del Cornare, la minería ilegal no constituye un problema grave en la actualidad. Esta corporación solo ha atendido 32 casos de minería ilegal en la región.
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Tráfico de fauna silvestre
La Universidad Antonio Nariño, basada en informes internacionales, calcula ganancias de este delito por unos 25.000 millones de dólares cada año en el mundo.
Solo en 2014, la WWF (Organización que defiende la naturaleza a nivel mundial) evidenció la reducción del 52% de más de 10.000 especies de animales en los últimos 40 años como consecuencia de esta práctica criminal. Entre los tipos de animales más afectados por esta problemática sobresalen los anfibios, los arácnidos (arañas), coleópteros (insectos de más 375.000 especies), reptiles, mamíferos y aves.
“Este tráfico produjo ganancias, entre 2013 y 2015, por más de 22 billones de dólares al año, lo que lo ubica al mismo nivel del tráfico de armas, drogas y de personas”, señala Zapata.
En Colombia, en los últimos años, de acuerdo con las cifras oficiales de la policía y luego de los resultados arrojados en capturas hechas en diferentes operativos en contra de esta modalidad criminal, en 2014 se recuperaron 87 animales silvestres en promedio por día y 195 en 2015. La cifra global de aprehensión de animales en un mes puede llegar hasta las 1.200 especies.
En la jurisdicción de Corantioquia, se cuenta con 1.346 especies de vertebrados terrestres y voladores de los cuales 878 son aves, 125 reptiles, 131 anfibios, 114 mamíferos no voladores y 98 mamíferos voladores. De estos, 181 especies endémicas tienen distribución restringida. En 2016, esta corporación recuperó 1.157 individuos y en lo que de este año se han recuperado 624.
“La captura de tráfico de especies endémicas constituye una fuerte amenaza para ecosistema, y los daños son irreparables”, dice Zapata.
Homicidios a activistas ambientales
Pese a que en Antioquia no se registraron casos el año pasado de homicidios a activistas ambientales, el informe revela que en 2016 se presentaron 37 asesinatos en donde el 40% de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas.
“Los homicidios registrados en el país alcanzaron un máximo histórico el año pasado, debido a que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares”, afirma Zapata.
A nivel internacional, entre 2002 y 2014, en 35 países fueron asesinados 1.024 activistas ambientales. Zapata comenta que pueden ser más, pero estos son solo los casos documentados por las autoridades, según la Asociación Global Witness.
Estos crímenes principalmente son cometidos por agentes del Estado, personas al servicio de la seguridad privada y grupos de paramilitares.
Lo más escalofriante de este delito, es que tiene un índice de impunidad del 99% ya que solo en el 1% de los casos se ha juzgado a los responsables, quienes han sido castigados por el sistema legal.