Amnistía Internacional (AI) dedica en su último informe un extenso capítulo a Venezuela en el que se señala que cientos de personas fueron detenidas de forma arbitraria, se recibieron numerosas denuncias por malos tratos contra manifestantes y aumentaron las peticiones de asilo en otros países.

“Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas”, se indica en el informe 2017/18 al referirse a las manifestaciones antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio del año pasado y que dejaron al menos 120 fallecidos y más de 1.000 heridos.

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AI echa mano de los datos de la ONG local Foro Penal Venezolano que, en el contexto de las protestas, informó que se detuvo a 5.341 personas, de las cuales se juzgó a 822 y a 726 de ellas -que eran civiles- se las sometió a jurisdicción militar y se les acusó de delitos militares por manifestarse contra el Gobierno.

“Al terminar el año permanecían recluidas en espera de juicio 216 personas”, se indica en el informe.

En cuanto a los fallecidos, recuerda que la Fiscalía General, dirigida por la ahora depuesta Luisa Ortega, denunció excesos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas, en las que murieron varios manifestantes.

Se produjeron, en los meses de protestas “al menos 47 redadas ilegales en múltiples comunidades y viviendas en once estados del país”, unos operativos que, dice el reporte, “se caracterizaron por el uso ilegal de la fuerza” y “detenciones masivas arbitrarias”.

En este escenario también hubo grupos armados “que hostigaron e intimidaron a residentes durante las redadas”.

Se destaca, asimismo, que “la crisis alimentaria y médica siguió empeorando” y que afecta especialmente a niños, personas con enfermedades crónicas y embarazadas.

“El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informó que, en diciembre, la cesta de bienes de consumo de una familia de cinco miembros -que se empleaba para definir el índice de precios al consumo- era 60 veces superior al salario mínimo, lo que representaba un incremento del 2.123% desde noviembre de 2016”, dice el documento.

Sobre este aspecto también señala que la organización humanitaria Cáritas Venezuela concluyó que el 27,6% de los niños estudiados estaban en riesgo de malnutrición, y el 15,7% de ellos sufría malnutrición de leve a grave.

Sobre el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que se inició a fines de 2017 en República Dominicana se indica que estas conversaciones no produjeron avances concretos “en cuestiones relativas a los derechos humanos”.

Parte importante del capítulo Venezuela en este informe es el referido a la libertad de expresión y se resalta que “la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su preocupación por el cierre de 50 emisoras de radio” por parte del Estado.

Además destaca que el Gobierno ordenó retirar de las cadenas nacionales de televisión por cable algunos canales extranjeros de noticias, entre los que destacan CNN, RCN y Caracol.