Desplazamiento forzado, tráfico y trata de personas, dificultades para el acceso a la documentación, afectaciones al derecho a la vida, abandono o despojo de bienes inmuebles, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes son algunos de los riesgos con que viven estas poblaciones de la frontera del país.
De acuerdo con el informe sobre la situación humanitaria en las fronteras del país, presentado ayer por la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el Gobierno Nacional debe procurar mejorar las condiciones de vida de los grupos afrodescendientes e indígenas que residen en estas zonas limítrofes. Además de procurar ser más efectivo y eficiente en cuanto a los mecanismos de atención de estas comunidades.
La Defensoría del Pueblo y Acnur recopilaron información sobre las necesidades existentes y la oferta institucional disponible para la atención a las comunidades ubicadas en zonas de frontera, teniendo en cuenta los distintos perfiles migratorios de quienes están en tránsito o residen en estas regiones. El informe incluyó un trabajo de campo en las zonas fronterizas de Colombia con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y la realización de 4.153 encuestas a la población.
Precisamente una de las conclusiones de la investigación es que se debe priorizar la atención a la situación de las comunidades e indígenas asentadas en zonas de frontera “pues a pesar de la existencia de un desarrollo normativo y jurisprudencial para la protección y supervivencia de los grupos étnicos, el Gobierno debe hacer más efectivos y eficientes los mecanismos de atención a dichas comunidades, incluyendo el mejoramiento de sus condiciones de vida, la protección física y cultural, la protección al territorio y el fortalecimiento del Gobierno propio”.
Ante la situación, la Defensoría respondió solicitando al Ministerio del Interior “fortalecer las autoridades tradicionales y las organizaciones de representación étnica reconocidas a nivel institucional para que cuenten con el reconocimiento como pueblos y comunidades étnicas binacionales, impulsen y agilicen las reformas al régimen jurídico y de ordenamiento territorial y participen en la definición política y administrativa de áreas no municipalizadas en la región de la Orinoquía y la Amazonía”.
A la par, Wilfredo Machado Palacios, gerente de Afrodescendientes de Antioquia, se pronunció respecto al estudio e indicó que en este se refleja la realidad de las comunidades afrodescendientes de Antioquia, que en este caso se ubican en las zonas fronterizas con Panamá, enseñando que existe un desplazamiento, abandono y demás elementos que anteriormente han sido denunciados por esta dependencia.
“Hemos denunciado el abandono por parte del Estado que no hacen el acompañamiento pertinente para garantizar la permanencia de nuestros pobladores afro en estos territorios. Allí se encuentran elementos tales como el despojo de tierras. Lo que hay que hacer es trabajar en un proceso de pertinencia donde se pueda abordar todo el tema cultural, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, donde se invierta en el desarrollo de los territorios. La Gerencia está presta a defender los derechos territoriales y ancestrales de la población”, señaló Machado Palacios.