La pobreza es nuestra responsabilidad política. Los indicadores presentados en el Congreso de la República son una vergüenza: los colombianos en situación de pobreza multidimensional ascendieron a 4.068.000 en 2016; mientras que el 28% de la población nacional estuvo en condición de pobreza monetaria en el mismo año.

En materia de desigualdad los resultados son mediocres, el Coeficiente Gini cuya meta es estar más cerca a cero para mostrar un país menos desigual, estuvo en 0,517 en 2016. En nuestro país, la pobreza es el resultado de un modelo de organización social que produce una sociedad injusta y atrasada y que concentra todas sus vulnerabilidades en las áreas rurales de Colombia.

En este sentido, durante la sesión parlamentaria, me llamó profundamente la atención la estadística del Ministro de Agricultura sobre la concentración de la propiedad de la tierra en las áreas rurales. Afirmó que el 75 por ciento de los habitantes de las zonas rurales son propietarios de apenas el 5 por ciento de la tierra rural en Colombia. En otras palabras, que de los 100 millones de hectáreas rurales que hay en nuestro país, los campesinos apenas logran ser propietarios del 5 por ciento de esta tierra. Estos números muestran en donde está la injusticia, la exclusión social y la exagerada concentración de la tierra rural, agravada por el mal uso de ella y la marginalización del campesinado.

Desde hace un tiempo, el Banco Mundial le ha insistido a nuestro país en la necesidad de elevar la productividad agrícola de las familias de bajos ingresos, como una manera de reducir la vulnerabilidad de los pequeños agricultores. Esta estrategia no solo prioriza a la población rural sino al mismo tiempo garantiza una nutrición adecuada para ellos, que impacta directamente los indicadores de rendimiento y asistencia escolar de menores de edad.

Nuestra responsabilidad política es garantizar la inclusión de los pobres en la organización social que tenemos y permitir su acceso a la tierra, la educación de calidad, la salud, la vivienda digna y ahora, en el nuevo siglo, garantizar el acceso a servicios de conectividad como una forma de inclusión en una nueva civilización que no tiene barreras, ni fronteras, ni distancias, sino que ofrece a través de la tecnología un mundo de información, conocimiento y oportunidades de desarrollo.

Si en realidad existe la voluntad de contrarrestar la pobreza en nuestro país, tenemos que generar políticas de inclusión social que trasformen generacionalmente a Colombia, y que a través del acceso a estos servicios esenciales, rediseñen nuestra sociedad para convertirla en una justa, avanzada y democrática.