Como lo hizo ayer a propósito del decomiso, por la Armada Nacional, de 630 kilos de cocaína y más de 800.000 dólares, el Gobierno Nacional es reiterativo en celebrar hallazgos de caletas en las que incauta grandes cantidades de cocaína y, en varias ocasiones, de dinero en efectivo. Es frecuente que tales decomisos se produzcan, como ocurrió en este caso en Unguía, Chocó, sin detenciones de responsables, así sean los cuidadores de las caletas, y que sean presentados junto con especulaciones sobre los grupos responsables de los alijos, acciones que limitan las investigaciones.

Las incautaciones cada vez más frecuentes permiten comprobar que el crecimiento de los cultivos ilícitos se está traduciendo en el crecimiento en la producción de cocaína y el triste surgimiento de una nueva bonanza exportadora de esa droga. Estos aumentos traen consigo aumento en la deforestación, que provoca tragedias visibilizadas como la de Mocoa o ignotas como las de laderas selváticas en los departamentos dañados, así como impactos gravísimos en los ríos locales. También coexisten con otras actividades criminales, como la minería ilegal o el tráfico de maderas, grandes generadoras de violencia.

En las condiciones que el país enfrenta, los decomisos de droga son acciones demostrativas que tienen mínimo impacto en lo que sí tendría que importar, que es el desmantelamiento de las estructuras responsables y la erradicación de las actividades criminales. Para llegar a esos resultados se precisaría capturar a responsables de los alijos, quienes deben ofrecer información sobre operación, redes, territorios y organizaciones culpables de esas actividades, datos necesarios para que, más que visibles para la opinión, estas acciones contra el crimen sean útiles a los propósitos de defensa del territorio y de la sociedad amenazada por el narcotráfico y sus agentes.