No hay que desconocer las enormes dificultades que acosan al proceso de paz, aunque no me refiero a la detención de Jesús Santrich ni a la posibilidad de que sea extraditado si se comprueba que cometió un delito de narcotráfico después de la firma de los acuerdos. Mi opinión está referida específicamente a los problemas derivados del incumplimiento o falta de ejecución de estos, y a la lentitud y falencias en la reincorporación de los desmovilizados.

Tanto el grupo exguerrillero como el Gobierno Nacional se equivocaron en la metodología adoptada para dicha reincorporación, al poner el énfasis en los campamentos y zonas veredales. Aquí se cometió el primer error, porque después de que el guerrillero entrega las armas se enfrenta a un cambio en su estado de ánimo, que lo lleva a buscar su reincorporación en otros lugares, como de hecho está sucediendo.

Con frecuencia escogen radicarse en las ciudades y aquí surge otro problema, porque sus autoridades se ven sin responsabilidad alguna en el proceso. Entonces esa persona no encuentra la atención que le garantice continuidad en este intento. Es decir, no existe un modelo de manejo urbano, y sus remedos carecen de las dimensiones organizativas requeridas. Por esa razón las alcaldías y gobernaciones se limitan a los territorios rurales donde se planteó el esquema y se desentienden de lo que sucede en el entorno urbano.

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Por otro lado, se ha vuelto a repetir la historia con los llamados planes de consolidación o copamiento institucional, a pesar de las múltiples advertencias. Resultaba básico que, en la medida en que la guerrilla dejara las armas y comenzara la reinserción, el Estado tenía que blindar esos espacios frente a otros actores armados. Solo ahora, cuando se hacen evidentes las consecuencias del descuido, comienza a sentirse la voz del Estado.

Hay demasiada improvisación en la implementación de los acuerdos, dificultades por superar y proliferación de entes burocráticos descoordinados: cada uno pretende actuar por su lado y generar su propio protagonismo. Y ya se aprecian las consecuencias, con lo que está sucediendo con los fondos aportados por los países amigos, lo que crea una gran incertidumbre y desconfianza.

A este panorama se suman los desaciertos políticos de la Farc como fuerza legal. No pudo sostener a su candidato presidencial, no tanto por su enfermedad, sino porque no debieron incurrir en el error de lanzar la propuesta y luego retirarla. Además, no han capitalizado la novedad democrática de que en breve cuenten con cinco senadores y cinco representantes en el Congreso nacional, y ha ganado más prensa el manejo desacertado que está dando al tema Iván Márquez, actuaciones que limitan los alcances y el papel que están llamados a jugar los noveles parlamentarios en la arena política.

Como partido político la Farc debería empezar por cambiar de nombre, diseñar un plan de consolidación y lanzar propuestas para una sociedad renuente a verlos en los escenarios democráticos. La JEP debe aclarar ciertas inconformidades ciudadanas con relación a la verdad, la reparación y la no repetición, para que las víctimas ganen confianza en que todo este trámite llevará a buen puerto. Es urgente rediseñar la ruta de la implementación de los acuerdos para captar el apoyo de la ciudadanía, que en este caso resulta fundamental en el proceso hacia la consolidación de una paz estable y duradera.

NOTA: 15 años del vil asesinato de Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry y soldados y policías que se encontraban secuestrados por las Farc. Es hora de que la JEP asuma esta investigación para que sus responsables por fin sean enjuiciados.

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