Cuando se aproxima cada elección presidencial, los candidatos reciben un número considerable de invitaciones porque cada sector social quiere ponerlos a prueba, escuchar sus propuestas y decirles qué esperan de ellos.  Así empieza la exigente maratón de encuentros que, en la actual vuelta electoral colombiana, se prolongará hasta el filo de las elecciones del 27 de mayo.  Entre las que se prepararon con anticipación están más de 100 organizaciones, promotoras de Niñez Ya, que se quedaron con los crespos hechos porque ninguno de los candidatos, excepto Gustavo Petro, llegó a la cita pactada para el 23 de abril en la sede bogotana de la Universidad de Los Andes. 

Fue un desplante inaceptable no sólo porque todos estaban confirmados, sino porque el escenario preparado incluía la presencia de niños y jóvenes venidos, entre otras regiones del país, de Putumayo, Amazonas, Nariño, Cauca, Atlántico, la Guajira y Santander.  

Sólo Humberto de la Calle y Sergio Fajardo asistieron al debate sobre educación mientras Señal Colombia y Unicef se vieron obligados a cancelar su “Presidente ¿qué harías tú?” “debido a la no confirmación de la asistencia por la mayoría de los candidatos”

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Sin duda, se hay que  aprovechar la posibilidad de dialogar con los candidatos sabiendo que quien finalmente sea elegido presidente de la República, tendrá mucho que decir y hacer con respecto a cada asunto nacional pero, en el caso de la niñez y la adolescencia, no deben perderse de vista herramientas institucionales y jurídicas que el país ha construido a lo largo de los últimos 14 años y que están orientadas a hacer efectivos sus derechos, consagrados en el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia y en la Convención de los Derechos del Niño,  en cada departamento y municipio de Colombia.

Los procesos electorales -y el actual no tiene por qué ser la excepción-  pueden perfectamente ser momentos para llamar la atención de los diferentes candidatos y sus respectivas campañas, acerca de que Colombia cuenta con un potente, aunque subutilizado instrumental en favor de la niñez, que ya quisieran tener otros países de la región. 

El 17 de enero de 2008, el 8 de febrero de 2012 y, por extraña coincidencia el 17 de enero de 2018, una década después de la primera, los procuradores Edgardo Maya, Alejandro Ordoñez y el actual, Fernando Carrillo, emitieron sendas directivas destinadas a todas las instancias de la institucionalidad colombiana,  el ejecutivo nacional, los ejecutivos territoriales, los entes de control, etc,  indicando la ruta crítica que deberían seguir para transformar la realidad de la niñez y la adolescencia nacional.  De seguirse seriamente ese derrotero que implica la inclusión de los derechos de la niñez en los planes de desarrollo y la estricta vigilancia de su cumplimiento por parte de la PGN y la Contraloría, con los dientes que ambas tienen, seguramente seríamos testigos de una realidad distinta a la actual. 

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Este proceso de construcción iniciado en el 2004, producto de una iniciativa conjunta entre la PGN, Icbf y Unicef, convertido hace años en lineamiento por el Departamento Nacional de Planeación, para la construcción de la política pública de infancia y adolescencia en todo el país, no puede perderse simple y llanamente por falta de continuidad, puesto que cada nueva autoridad privilegia los temas de su interés, o porque el olvido va sepultando mecanismos con los que el país ya cuenta y cuya construcción representó una considerable inversión de recursos y energías de toda índole.   

El gobierno que llegue tras el actual proceso electoral tiene a su disposición herramientas que le serán sumamente útiles y le facilitaran la tarea para hacer realidad los derechos de los menores de edad. Se trata de un patrimonio que Colombia no se puede dar el lujo de desperdiciar. El movimiento social defensor de la niñez y en particular los impulsores de Niñez Ya, son también propietarios de este mecanismo aliado de su preocupación estratégica por el interés superior de la niñez.