En medio de la indignación nacional por el aterrador caso de violencia contra menores de edad perpetrado por los funcionarios de la Fundación Peces Vivos en Ibagué, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Karen Abudinen Abuchaibe, recordó al país la gravedad de esta problemática y sus drámaticos efectos.
En este sentido, la Directora fue enfática al afirmar que tan solo en lo que va corrido del año se han abierto en Colombia 7.000 procesos de restablecimiento de derechos por maltrato infantil, todos ellos ajenos a las unidades de servicio del Instituto y los cuales abarcan maltrato físico, psicológico y por negligencia.
“Es importante que el país conozca las dimensiones de esta problemática y que conozca las cifras. Tan solo en lo que va corrido de este año, el Icbf ha abierto 30.000 procesos de restablecimiento de derechos por violencia contra la niñez, de los cuales 7.000 son por maltrato infantil. Todos ellos son casos revelados por los ciudadanos y ajenos a los centros de Bienestar Familiar”, afirmó de manera enfática la funcionaria.
“Erradicar el maltrato contra nuestros niños es una tarea que debemos emprender de manera conjunta todas las instituciones del Estado, el sector privado y cada estamento de la sociedad. Es importante que padres, educadores, médicos, vecinos, autoridades de policía, organismos de control y gremios tomemos conciencia, nos articulemos, nos comprometamos y luchemos juntos contra el maltrato al que están siendo sometidos nuestros niños, niñas y adolescentes. El maltrato contra nuestros niños no puede seguir siendo tolerado”, dijo la funcionaria.

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Finalmente, frente a lo ocurrido con la Fundación Peces Vivos de Ibagué, la directora general reiteró que el Icbf seguirá entregando toda la información necesaria a los organismos de control para que adelanten la investigación correspondiente y reafirmó el compromiso de la entidad con mantener estrictos procesos de seguimiento y control para que este tipo de casos no se presenten.
“Tenemos aproximadamente 80.000 unidades de servicio en todo el país y contamos con 1.500 profesionales que todos los días hacen visitas de supervisión, para verificar que el servicio se presta de forma adecuada y así garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que atendemos”, expresó Abudinen.