Para resaltar  positivamente la posición de  la administración de EPM, de sus empleados y muy especialmente la de sus trabajadores, así mismo la de las autoridades que han participado en  el tratamiento del desafortunado evento,  tenemos:  primero  “preservar la vida”, tanto de los habitantes de la región, como la de las personas que laboran en la obra; segundo,  “impactar lo menos posible el medio ambiente”;  y tercero,  tratar de proteger los bienes, este orden de prioridades debe ser una enseñanza para todos y debería ser la orientación rectora, no solo ante eventuales catástrofes, sino a la hora de tomar cualquier decisión que esté relacionada con servicios públicos.
Así entonces, en sucesos como el presentado en Hidroituango debe hacerse un llamado a la solidaridad de todos los colombianos hacia las personas afectadas por los hechos ocurridos, la cual debe materializarse en la adopción de todo tipo de medidas que permita que, de una u otra manera, se restablezcan las condiciones de vida que han tenido todos los habitantes de la región, antes de presentarse el actual evento.
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Sea cual sea el origen de los hechos ocurridos, debe existir un compromiso social de las autoridades para privilegiar con las acciones empresariales y de gobierno a las personas que lamentablemente en este momento están soportando una carga en sus vidas, ya que a raíz de obras que nos benefician a todos, ellas han resultado notoriamente afectadas.
Fieles a nuestra tradición culpabilista, en el examen de los hechos que han rodeado los lamentables efectos que se han derivado de la construcción de la represa de Hidroituango, en forma inmediata algunos han planteado la pregunta ¿Quién es el culpable? cómo si encontrando un culpable la sociedad recobrara su tranquilidad y expiara sus culpas.  En realidad, las preguntas que debemos hacernos son mucho más complejas y estructurales y no simplemente mediáticas.
Tratándose como se trata de una gigantesca obra en la que han intervenido varias administraciones y todo tipo de autoridades y organismos de control habrá tiempo para examinar en detalle, si se ha tratado de un hecho de la naturaleza imprevisible e irresistible o si se ha originado en una falla humana, y cuál es el alcance de las responsabilidades de quiénes hayan intervenido.
Lo que sí es claro es que el hecho no puede pasar inadvertido para quienes actuamos en el sector de los servicios públicos, pues cada vez se hace más claro, que las decisiones en esta materia están íntimamente ligadas a (i) los derechos humanos; (ii) el medio ambiente; (iii) el desarrollo social, en consecuencia, cada vez son más las variables que deben orientar el conocimiento de las autoridades y las empresas al adoptar decisiones, que así como pueden favorecer a todos, puede resultar afectando algunas personas, que muchas veces son grupos vulnerables.
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Es el momento de recordar que la teoría del servicio público, entendida desde la perspectiva del derecho administrativo, parte de su componente solidario y humano; servicios públicos son mucho más que negocios y concentración de capitales y por ese solo hecho, el motivo determinante en todas las decisiones que se adopte debe orientarse claramente a este propósito.
La formación de especialistas en servicios públicos debe enriquecerse (i) en los conocimientos propios de los derechos humanos, en especial de la necesidad de adoptar acciones afirmativas a favor de la población vulnerable y el respeto por los derechos de todos los grupos y seres humanos;  (ii) en la aplicación de normas y principios ambientales, como los de sostenibilidad, compensación ambiental, precaución y previsión y  (iii)  en el desarrollo económico equitativo, que permita adoptar medidas de universalización de los servicios. 
Lo anterior indica que debemos ir a la raíz del problema, que es necesario revaluar lo que estamos aprendiendo y enseñando en la formación académica, que en los momentos de crisis la Universidad debe evaluar si la formación que se imparte debe hacerse exclusivamente desde las teorías económicas, o si debe privilegiarse la reivindicación de la protección del interés público social.

Comentarios:

German
2018-05-26 10:50:11

German Jaramillo 33 min · Habla super lindo el Profesor Carlos Alberto Atehortúa Ríos làstima que sea tan vendido!!!!

Carlos
2018-05-26 00:51:56

Los cuatro líderes ambientales asesinados para callarlos, no son incidentes de la naturaleza, que tan raro que están listos para repartir pérdidas, pero nunca ganancias, y no es señalar solo culpables, se trata de castigar a los que cometieron acciones criminales.

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