Estas investigaciones tienen que llegar hasta el final, con ellas no pueden ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema y menos la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pasar de agache o entregar cualquier resultado.
Los escándalos de corrupción derivados de la captura del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, han desencadenado una serie de destapes que a cada día dejan más estupefacta a la opinión pública. Los informes de la Justicia y de la Policía norteamericana fueron el mayor detonante de este triste episodio. Escuchar o leer las transcripciones parciales que se han filtrado sobre el informe gringo es sobrecogedor y lo es porque lamentablemente las conversaciones desnudan el lenguaje y la capacidad delictiva de los implicados. No doy por sentado que las conversaciones estén afirmando la verdad, pero sí dejan entrever una organización criminal de grandes magnitudes para producir fallos a cambio de dinero.
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Las declaraciones posteriores de Mussa Besaile a la periodista Viky Dávila en W Radio, con todo lo que se pueda cuestionar como prueba judicial, es otro testimonio que tiene que tener a los colombianos en la más absoluta desazón y desesperanza. De comprobarse lo que se está afirmando nos estaría demostrando que ya el derecho no se ejerce con memoriales ni pruebas, sino por medio de tulas de dinero y cabildeo en algunos estrados judiciales.
Estas investigaciones tienen que llegar hasta el final, con ellas no pueden ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema y menos la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pasar de agache o entregar cualquier resultado para salir del paso. Abundantes son los testimonios y documentos que se tienen. Especial esmero y agilidad deben poner los investigadores para que todo se conozca, por doloroso y sobrecogedor que resulte. Una justicia mancillada con semejantes acusaciones tiene que mostrar los autocontroles suficientes para ser capaz de depurarse.
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Gran responsabilidad tienen la Fiscalía y los jueces de la República. Esta investigación no puede ser la disculpa para olvidar otras no menos graves como las historias de Odebrecht, Reficar, regalías, alimentos a los niños y los casos de los departamentos de La Guajira, Córdoba y Cundinamarca. Todas son retos que se deben asumir con decisión inquebrantable de llegar a la verdad. Personalmente creo que el doctor Néstor Humberto Martínez viene cumpliendo una loable misión y que no será inferior al compromiso recibido.Tiene el fiscal la brillante oportunidad de ingresar a la historia e insertarse en ella dejando al descubierto todas estas lacras que están acabando con nuestro Estado Social de Derecho. Termino con una reflexión. Ha sostenido el profesor español Javier Pérez Royo que los grandes enemigos de la existencia del Estado Social de Derecho es el excesivo gasto público y la corrupción. Tristemente los episodios que hoy vivimos en América Latina están comprobando que tan prestigioso académico tiene toda la razón. Por eso, quienes poseen la misión de controlar y perseguir el delito, tienen la alta misión de demostrar que esta fase del Estado Moderno cuenta también los mecanismos idóneos para autocontrolarse y extirpar los males que la aquejan.