Se están otorgando contratos y licencias ambientales para explorar y explotar hidrocarburos con fracking sin haber elaborado estudios hidrogeológicos detallados.
Hace cuatro años en este mismo espacio escribí tres columnas consecutivas señalando los riesgos de la tecnología denominada fracking, la cual consiste en fracturar hidráulicamente las rocas generadoras de los hidrocarburos para extraer directamente el gas natural y el petróleo. En esos escritos mostrábamos, entre otras, las preocupaciones mundiales por el uso de químicos que se adicionan al agua que se inyecta a grandes presiones para la fracturación de las rocas que contienen el gas y el petróleo, la cual puede llegar a contaminar los acuíferos.
De acuerdo con la información recopilada por la Corporación Defensa del Agua y Ecosistemas-Cordatec, en Colombia hoy existen 45 bloques petroleros que estarían destinados para la explotación a través de fracking. En 5 de ellos ya hay contratos vigentes, mientras que 43 están ubicados alrededor del páramo de Chingaza, que surte el 80% del agua de Bogotá y del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. De estos proyectos, los más avanzados se encuentran en San Martín y otros municipios del sur del departamento de El Cesar y en el Magdalena Medio.
Lo que sorprende de estas decisiones es que se están otorgando contratos y licencias ambientales para explorar y explotar hidrocarburos con fracking sin haber elaborado estudios hidrogeológicos detallados por parte de las empresas interesadas en los proyectos y sin que el país disponga de un estudio siquiera semi-detallado del valioso recurso agua subterránea (el país sólo se dispone de un mapa hidrogeológico a escala 1:500.000, a todas luces insuficientes para evaluar los impactos del fracking). Ante esta carencia se argumenta que una vez se descubra el yacimiento explotable por fracking se harán los correspondientes estudios hidrogeológicos, lo que conceptualmente es inaceptable.
Todo esto lo justifican el Gobierno Nacional y el sector petrolero con la inminente pérdida de la autosuficiencia por la declinación de los campos de producción de petróleo convencional que el país ostenta desde hace 30 años. A esto me referiré más adelante.
En este momento hay incertidumbre por las políticas del presidente Iván Duque con respecto al fracking, quien durante su campaña electoral rechazó la posibilidad de esta práctica en el país pero la recién nombrada Ministra de Minas y Energía la quiere impulsar: Falta por conocer la posición del Ministro del Medio Ambiente.
Más de 30 senadores acaban de radicar un proyecto de ley anti-fracking promovido por la Alianza Colombia libre del fracking, que busca “establecer un marco legal para la protección integral de los territorios más vulnerables que requieren el reconocimiento de los principios de precaución, prevención, progresividad y no regresividad, prevención del riesgo y maximización de la eficiencia del agua y priorización para la vida, así como de la necesidad de iniciar el proceso de transición energética para superar la situación de riesgo de daños irreversibles a la naturaleza, las afectaciones a la salud pública y la falta de garantía de derechos humanos en los territorios donde se desarrollaría esta industria extractivista” (la explotación de hidrocarburos por fracking). Para que no se crea que se trata de un fundamentalismo propio de nuestra calentura tropical, recordemos que el fracking está prohibido o en estado de moratoria, hasta que se demuestre que no va afectar los ecosistemas y la salud humana, en trece países de la Unión Europea, empezando por Alemania y Francia y en parte del Reino Unido; en Estados Unidos varios estados, empezando por New York, también han prohibido el fracking.
Por otro aspecto, durante los últimos años la opinión pública colombiana ha empezado a tomar conciencia ambiental y de la importancia de las movilizaciones de protesta contra los proyectos extractivos, no suficientemente concertados con la población y autoridades locales. Bajo este panorama queda claro que, por ahora, el camino que trazó el Gobierno Nacional para expandir mediante el fracking las menguantes reservas petroleras del país está lleno de riesgos y conflictos.
Nadie puede negar la importancia del petróleo y el gas para nuestras finanzas públicas ni creer que es posible superar esa dependencia de un momento a otro. Una manera de conciliar los intereses en conflicto, sería aplazar los proyectos ya licenciados para exploración y explotación con fracking hasta que se completen los estudios hidrogeólogos y se demuestre la compatibilidad del aprovechamiento del hidrocarburo con la preservación de los acuíferos. Pero lo más importante es no olvidar que Colombia podría ser autosuficiente en hidrocarburos y además disponer de importantes excedentes para la exportación, si se aprovechan sus grandes reservas de carbón para producir gas y combustibles líquidos, proyectos referidos en anteriores artículos de este columnista, que por su actualidad repasaré la próxima semana.
P.S. Hay que votar el próximo domingo Si a los 7 puntos que incluye la consulta anticorrupción. De todos depende que con nuestro voto se logre alcanzar el umbral y obligar al Congreso y al Gobierno a cumplir el mandato popular.
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