Un grupo de manifestantes procedentes del Suroeste antioqueño llegó este viernes hasta el edificio del Tribunal Administrativo de Antioquia, para expresar su rechazo hacia la explotación minera en sus territorios. Alrededor de las diez de la mañana inició la movilización pacífica liderada por habitantes de Urrao, Támesis, Jericó, Concordia, Salgar, Betulia, Titiribí, Tarso, Jardín y Caicedo, municipios que durante el transcurso de esta semana por medio de sus Concejos, aprobaron acuerdos de prohibición a la actividad minera en sus jurisdicciones.

Sergio Ruiz, concejal de Támesis, relató que “los habitantes de cada municipio decidieron salir en varios vehículos desde sus localidades, y acordamos encontrarnos en la entrada de Medellín para desplazarnos hasta el edificio del Tribunal. Hoy estamos aquí simplemente para manifestar nuestra inconformidad con el Gobierno Nacional, Departamental y con el Tribunal Administrativo, por declarar inválido un acuerdo que prohíbe la minería en Urrao”.

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“Los concejales del Suroeste tenemos una gran masa, una comunidad convencida de que nuestro territorio no se puede usar para la minería, por eso hemos decidido basarnos en artículos constitucionales y en sentencias jurisprudenciales para defender nuestra autonomía”, agregó Ruiz.

Hernán Alejandro Quiceno, uno de los participantes del plantón antiminería oriundo de Urrao, expresó que “el único interés nuestro es cuidar la vida. Hemos tenido que sacrificar muchas cosas, entre esas, nuestros ahorros, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, que son las posesiones más valiosas para el ser humano. Este río de gente me conmueve mucho, porque no estamos solos, este es sólo el comienzo de una pacífica revolución. Sólo tenemos un deseo, que se escuche la voz de una población”.

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Entre arengas y discursos la masa del Suroeste reclamó la presencia de un vocero autorizado del Tribunal, en un momento determinado intentaron ingresar a los despachos del edificio, aunque las autoridades presentes lo impidieron. Unos minutos después una funcionaria, cuyo nombre prefirió mantener en reserva, anunció que una magistrada se iba a dirigir a los manifestantes, quienes la esperaron por más de 40 minutos, y finalmente no llegó hasta el sitio de encuentro.

Rodrigo Antonio Echeverri Restrepo fue uno de esos tamesinos que se quedó esperando la pronunciación de la magistrada, él se desempeña como promotor del turismo agro-ecológico en su municipio, y dejó clara su preocupación por el futuro de su empresa, en caso tal de que se deroguen los acuerdos que prohíben la minería en los municipios del Suroeste.

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“Nosotros impulsamos el tema del turismo buscando alternativas económicas porque en nuestros pueblos no hay industria. La fortaleza que tenemos se encuentra en nuestra vocación netamente agropecuaria, y lo que el mundo está buscando es este tipo de viajes agro-ecológicos. Tan solo pensar en que la minería pueda ingresar en nuestros paisajes sería nefasto”, consideró Echeverri.

El diputado de la Asamblea antioqueña, Norman Correa Betancur, se desplazó hasta el área del plantón para acompañar la movilización como “nativo del Suroeste”, y desde su óptica “la minería es una actividad que se puede desarrollar legalmente, pero estoy a favor del derecho que tiene la gente a decidir cómo quiere vivir. Por eso la consulta ciudadana, el Esquema de Ordenamiento Territorial y los acuerdos de Concejo, son herramientas para que en el caso del Suroeste que tiene vocación agrícola, turística y agro-industrial, se mantengan esas actividades”.

Mientras se llevaba a cabo el plantón del Suroeste, al edificio del Tribunal llegó otro grupo de manifestantes oriundos del Bajo Cauca. Según Óscar Mauricio Madrigal Baena, uno de los líderes del colectivo Ríos Vivos, “la razón para estar protestando es por causa de la Hidroeléctrica de Hituango, la cual nos ha afectado social, ambiental y económicamente. Nos están contaminando el Río Cauca, que nos da el sustento, esto está ocasionando desplazamientos y desarraigo”.

“No queremos más represas, no queremos que acaben con nuestro bosque seco tropical y no queremos que acaben con nuestra cultura campesina. Exigimos que Corantioquia se pronuncie”, agregó Madrigal.