La iniciativa legislativa de justicia para la paz tiene 154 artículos y es el desarrollo del acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que antes de radicar el proyecto de ley escucharon a las comunidades indígenas.
El Gobierno colombiano radicó este martes en la Secretaría General del Senado el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluida en el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo en un comunicado de su despacho que los ejes que orientan este proyecto de ley estatutaria de la JEP son la competencia material territorial temporal, la definición de órganos y funciones, el derecho aplicable y el régimen sancionatorio y extradición.
La iniciativa legislativa, según Rivera, tiene 154 artículos y es el desarrollo del acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Rivera destacó que antes de la radicación escucharon "observaciones de congresistas, del fiscal y a las comunidades indígenas".
Al referirse a la responsabilidad de mando, Rivera indicó que "está incluida la responsabilidad de mando de agentes del Estado y se consagra la responsabilidad de mando de las Farc". Igualmente, aseguró que "los terceros podrán acogerse a este sistema, pero en casos en que hayan participado en delitos de lesa humanidad, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros".
El Gobierno espera que antes de septiembre el proyecto haya terminado su trámite en el Congreso y se convierta en Ley de la República. Los objetivos de la JEP son la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y tendrá una vigencia de diez años una vez las salas y secciones comiencen a operar, y se podrá prorrogar por cinco años más.
Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad. Las penas alternativas, de 5 a 8 años de prisión, serán para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra.
Y, por último, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de prisión, para quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz.
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