El Gobierno Nacional puso este martes a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de normas de procedimiento que busca dotar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de instrumentos que, según el Ejecutivo, le darán seguridad jurídica a los comparecientes y a las víctimas.

La norma diseña procedimientos breves que permitirán a los magistrados y magistradas de la JEP contar con mecanismos más ágiles para el desarrollo de los procesos que deben tramitarse en el Tribunal Especial.

“Cuando tengamos en manos el procedimiento, esto nos permitirá hacer más ágil el proceso, recortar las etapas, por supuesto con el rigor que lo ameritan los innumerables casos que llegarán a la JEP”, explicó el magistrado Alejandro Ramelli, encargado de coordinar el diseño del proyecto de ley junto con las comisiones de género y étnica. 

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Uno de los propósitos de la norma será fijarse términos en el tiempo para resolver un caso que, según Ramelli, “oscilaría entre los ocho y nueve meses desde la acusación hasta la sentencia”.

Sobre las víctimas, que según el Acuerdo Final de Paz son el centro del pacto suscrito entre el Gobierno y las Farc, el magistrado Ramelli explicó que contarán con las garantías para participar en toda la etapa procesal.

“Tendrán una participación muy activa y van a poder intervenir durante el proceso oral”, precisó.

El proyecto de normas de procedimiento, que este martes llegó a instancias del Congreso, también tiene previsto hacer imputaciones macro, es decir que provengan de organizaciones de víctimas y de derechos humanos que representen a las víctimas para poder darle agilidad y celeridad a los procesos.