Con dificultad, el Congreso tramita el proyecto de acto legislativo que establece mecanismos de “seguridad jurídica” para los acuerdos con las Farc. La norma pretende sustituir el artículo 4 del Acto legislativo para la paz, objetado en el plebiscito del 2 de octubre y revivido mediante artificioso procedimiento legislativo, que recibió aval de la Corte Constitucional, no así apoyo ciudadano.

El proyecto de acto legislativo en trámite se sustenta en premisas recurridas por los analistas de negociaciones que cierran conflictos. La primera reclama la importancia de dar blindaje jurídico a los acuerdos para garantizar el cumplimiento y la exigibilidad de compromisos hechos en un marco ético-político; esta necesidad apremia a un gobierno que reconoce su incapacidad para formar consenso sobre los contenidos y alcances de los acuerdos con las Farc. La segunda premisa reclama la buena fe de las instituciones públicas, como si ella no fuera inherente al Estado y el acuerdo que lo concreta, la Constitución Política. Ambas anteceden, además, a la que asoma con la iniciativa de extender a cinco años el período del presidente de la República, asociada a la pretensión de darle tres períodos presidenciales de vigencia al artículo transitorio del acto legislativo en cuestión, para darle “estabilidad” a los acuerdos, ¿o garantizar que ellos permeen y transformen el modelo democrático?

El reconocimiento de imposiciones o redundancias no explica la renuencia de los senadores frente al Proyecto de acto legislativo, manifestada en una votación 54 votos a favor y 8 en contra, según registro del Senado, o en 55 votos a favor y tres en contra, según el Ministerio del Interior. Los dos votos, según el Congreso, o tres, de acuerdo con el doctor Cristo, que permitieron que el proyecto pase a debate en la Cámara explican sensatas objeciones a un contenido que señala que cualquier elemento conexo con los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario será inmodificable por los próximos tres períodos presidenciales. Los barnices que los personeros gubernamentales han intentado poner a esta norma no tapan su objetivo de dar al texto suscrito por el Gobierno y las Farc carácter de acuerdo especial y, en consecuencia, incorporarlo a la Constitución de 1991, con el rango de bloque de constitucionalidad. Esto significa llevar a la Carta contenidos discutidos por las partes, sin que medien los necesarios debates de la ciudadanía y los procedimientos parlamentarios, que maduran las iniciativas hasta hacerlas convenientes a la sociedad.

No menos contradictorio con el objeto y fin último de la Constitución de 1991, que es la promoción y protección de los Derechos Humanos, y consecuentemente del Derecho Internacional Humanitario, es la pretensión de convertir en documento ejemplar en este campo un acuerdo en el que se han soslayado derechos y garantías de las víctimas, que son los de los colombianos.

Como a los negociadores del Gobierno y las Farc, a la ciudadanía le inquietan los incumplimientos que puedan poner en peligro las grandes promesas de la negociación, asociadas a la terminación de la violencia y la oferta a las víctimas de que serán resarcidas y tendrán garantías de no repetición. También preocupan, ¿cómo no hacerlo? fallas organizativas y de trámite en la implementación. Para conjurar las amenazas de incumplimiento, parece razonable determinar protocolos y exigencias, incluso construir normas, que garanticen que el Estado cumplirá con sus abundantes compromisos frente a las Farc. Lo que no es comprensible es la falta de presión de los analistas de las ONG, el Ministerio del Interior y el propio Congreso frente a una organización que acumula importantes pendientes en este proceso. A tres meses de la firma del acuerdo que se ha dado en llamar “del Teatro Colón”, las Farc siguen sin liberar los menores de edad reclutados y que están en las filas guerrilleras o milicianas, que para el caso es lo mismo. Y en lo relativo a violaciones a los derechos humanos, todavía callan, cuando no ofenden a quienes la hacen, frente a la demanda por la libertad de los secuestrados y por explicaciones sobre la suerte de los desaparecidos. A estas omisiones se agregan las de no informar sobre la desmovilización y dejación de armas de los milicianos; los mecanismos de abandono de la economía ilegal, o la entrega de rutas del narcotráfico, cuentas bancarias y mecanismos de lavado de dinero. Hecho el balance, se demuestra que quien se encuentra en falta con sus compromisos son las Farc, no el Estado y mucho menos la sociedad colombiana.