Para garantizar la reincorporación social y económica de exintegrantes de las Farc y sus familias a la vida civil, teniendo en cuenta sus necesidades, y en el marco del Acuerdo Final, el Gobierno lanzó el Conpes sobre la política pública de reincorporación.  
 
Con dicho documento se cierra el ciclo de las medidas adoptadas por el Estado para la finalización del conflicto con las Farc en cumplimiento de los acuerdos de implementación establecidos en La Habana.
 
La política, que para el caso de reintegración (desmovilización de las AUC) tardó cinco años, para el proceso de reincorporación salió adelante en el último año y medio, gracias a la articulación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). Este trabajo es resultado de un esfuerzo conjunto con los excombatientes, a partir del reconocimiento de sus intereses, necesidades y potencialidades.
 
EL Conpes establece para el desarrollo de la política cuatro ejes estratégicos que buscan, a través de la implementación de 97 acciones, generar condiciones para la reincorporación integral:
 
• Fortalecimiento de los procesos de planificación entre las diferentes instituciones que participan en la reincorporación.
• Promoción de espacios que aporten a la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación.
• Generación de condiciones para la estabilización y proyección económica.
• Acceso y atención de los derechos fundamentales y el bienestar integral de exintegrantes de las Farc con el fin de garantizar su tránsito a la vida civil.
 
“Se hizo el ejercicio de construir conjuntamente una nueva política que diera respuesta a las necesidades e intereses manifestados por los exintegrantes de las Farc en relación con su proceso de reincorporación de manera integral para garantizar su ingreso nuevamente a la sociedad civil”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía.

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Para el director general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Andrés Felipe Stapper, esta política es uno de los logros más importantes para el proceso de reincorporación. “A través de ella se articula, eficiente y eficazmente, los recursos y esfuerzos institucionales, para que los excombatientes que entregaron sus armas se les facilite aún más su tránsito hacia la vida civil”, puntualizó Stapper.

 
Implementación de la política

Fueron 19 entidades del Estado las que participarán en la implementación de esta política para cumplir su compromiso con la construcción de una paz estable y duradera en el país, mediante el desarrollo de acciones, planes, programas y proyectos necesarios para la reincorporación, para los que se tiene previsto una destinación de recursos por $6,3 billones.
 
Se promoverá la vinculación de exintegrantes de las Farc a los programas sociales existentes y aquellos creados a la luz de la política, como una manera de atender las necesidades identificadas en la población que hace tránsito a la vida civil y las comunidades afectadas por la violencia.
 
Igualmente, la implementación de la política será viabilizada a través de la creación del Sistema Nacional de Reincorporación, que permitirá la articulación de la institucionalidad hacia el logro de los objetivos trazados a 2026.
 
Además, se creará un Protocolo Integral de Acompañamiento, que articule las rutas de atención en salud, educación y generación de alternativas productivas para los exintegrantes de las Farc y sus familias.
 
A partir de la dimensión comunitaria que establece el documento Conpes para la reincorporación, se implementará una estrategia que contribuya con la reconstrucción del tejido social para la generación de confianza, la cohesión territorial y el fortalecimiento de los valores democráticos en los territorios.

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Así mismo, de la consolidación del Sistema Nacional de Información para la reincorporación, se hará el monitoreo periódico de los avances, tanto de la población objeto de atención como de la implementación de la política y la ejecución presupuestal.  

 
Vigencia hasta 2026

La Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica (Pnrse) de exintegrantes de las Farc da respuesta a la necesidad del diseño de una política que posibilite el proceso de reincorporación, individual y colectivo, atendiendo a las necesidades e intereses de esta población.
 
Tendrá una vigencia de ocho años (hasta 2026), es coherente con lo propuesto en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, y los recursos para su financiación serán aportados por las entidades responsables de adelantar las acciones para el cumplimiento de dicha política.
 
Entre las entidades participantes están la Agencia para la Reincorporación y Normalización, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Finagro, el Banco Agrario, la Agencia de Renovación del Territorio, el Sena, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.