El Gobierno catalán ha convocado a 5,34 millones de personas a votar, dentro de una región cuya población asciende a 7,5 millones.
Las autoridades regionales de Cataluña mantienen el referéndum ilegal de independencia convocado para el 1 de octubre pese a las advertencias del Estado español, en tanto que cientos de personas permanecen desde anoche en algunos centros votación para evitar que sean cerrados como ha ordenado la justicia.
La policía catalana (Mossos d'Esquadra) se han personado en 1.300 colegios designados por los responsables del referéndum para la consulta, de los que 163 (12%) están ocupados, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno español en Cataluña.
Por ahora, los agentes no han realizado ningún desalojo ni han requisado material relacionado con la votación, como urnas, papeletas o listas de censo, en el interior de colegios, institutos y otros puntos para votar.
El Ejecutivo español, que preside el conservador Mariano Rajoy, volvió a avisar este viernes a los gobernantes secesionistas de Cataluña de que tendrán que responder ante la justicia por esa consulta, y les atribuyó "deslealtad institucional" y "desobediencia constitucional".
El portavoz del gabinete, Íñigo Méndez de Vigo, insistió en que el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), contraviene las leyes españolas y carece de garantías democráticas, además de ser un "caos organizativo" sin censo, ni papeletas, ni urnas, ni centros oficiales de votación, según aseguró.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por su parte, llamó a votar el domingo y aseguró que los partidarios del referéndum han "vencido los miedos, las amenazas, las presiones, las mentiras y las intimidaciones" y a un Estado "autoritario".
Los organizadores del referéndum prevén 2.315 colegios electorales atendidos por 7.235 personas para intentar que unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar entre las 9 y las 20 horas del domingo (de 7.00 a 18.00 GMT) en un modelo de urna de plástico presentado este viernes a la prensa.
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, aseguró que habrá "alternativas" -que no precisó- allí donde las fuerzas de seguridad impidan votar.
La certificación de los resultados estará a cargo de un grupo de de académicos y profesionales, ya que los integrantes de la Sindicatura Electoral (órgano supervisor de la votación) dimitieron hace unos días para eludir las multas del TC.
Los Mossos d'Esquadra (policía autonómica) comenzaron a personarse en los edificios públicos designados por las autoridades catalanas como centros de votación para desalojarlos, cerrarlos e intervenir el material electoral, en cumplimiento de una instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Tsjc).
La policía debe comunicar a estas personas que deben dejar los locales antes de las 6:00 a.m. horas (4:00 a.m. GMT) del 1 de octubre.
El Gobierno catalán convocó el referéndum el 6 de septiembre pasado, justo después que el Parlamento regional aprobara la ley que lo regula con el apoyo mayoritario y único de los grupos independentistas.
Se trata de Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP.
El Gobierno español recurrió tanto a la ley como al decreto de convocatoria, que fueron suspendidos temporalmente por el Tribunal Constitucional mientras se pronuncia sobre el fondo del asunto.
La Guardia Civil española verificó este sábado que el centro de telecomunicaciones del gobierno regional de Cataluña no podrá prestar servicio este domingo, jornada en la que está convocado el referéndum secesionista ilegal.
Los agentes acudieron tras una orden judicial de la magistrada Mercedes Armas que obligó este viernes a los responsables del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (Ctti) catalán a suspender el acceso a las aplicaciones informáticas que gestionan las bases de datos que las autoridades de Cataluña pretenden usar en la consulta del domingo, suspendida por el Tribunal Constitucional.
Tras esa medida, Méndez de Vigo, aseguró que con el "bloqueo" de las instalaciones del Ctti "se ha asestado un golpe a la organización del referéndum ilegal".
La entrada de los agentes de la Guardia Civil en el Ctti impediría, según Méndez de Vigo, que se pudiera efectuar un eventual recuento de papeletas.
El Gobierno catalán, que confirmó la intervención de la Guardia Civil, advirtió de que el bloqueo del sistema informático para el voto telemático afectará de forma directa a los servicios que presta.
Todas estas iniciativas llevaron este sábado a los impulsores de la consulta a afirmar que conseguir un millón de participantes mañana sería ya "un éxito desbordante", en palabras de la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.
En rueda de prensa, el líder de la ANC criticó lo que denominó "sitio" del Gobierno español al referéndum soberanista del 1 de octubre y reconoció que "con esta presión puede ser difícil una alta participación".
"Un millón sería un éxito desbordante, dijo Sànchez, después de que en una votación popular informal y no vinculante que tuvo lugar en noviembre de 2014 los participantes fueran 2,3 millones.
Entonces los independentistas convirtieron su inicial objetivo de un referéndum en un proceso de participación sin valor legal, a diferencia de ahora, cuando han impulsado medidas desde el Ejecutivo y el Parlamento regionales que han sido suspendidas por los tribunales españoles por ser contrarias a la Constitución.